Formacion XXI. Revista de formacion y empleo

Formación XXI.

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Julio 13

Emprendimiento, FP y desarrollo local

El territorio y la sociedad humana son los dos elementos que constituyen la base para el estudio del desarrollo como alocución de futuro.

Artículo realizado por:   Laura Rego  Agraso, de la Universidad de Santiago de Compostela.

En la interrelación de ambos se erige lo que comúnmente conocemos como desarrollo. Sin embargo, el adjetivo que suele acompañar a dicho substantivo es el que suele caracterizar realmente su definición. En base a ella, el papel que jugarán los agentes sociales —la formación profesional entre ellos—, también será diferente, tanto en su contenido como en su nivel de protagonismo. En este sentido, y tomando como referencia el contexto que nos ocupa, pretendemos abordar aquí el papel que debe jugar la formación profesional en la promoción o apología del emprendimiento como salida profesional real para los titulados/as.

La economía social se convierte así en una posibilidad real de inserción laboral a largo plazo y la formación profesional debe motivarla y promoverla entre el alumnado. Todo ello sin dar de lado el contexto que actualmente nos rodea en España y sus influencias a nivel global y, sobre todo, local, así como la finalidad última de todo este proceso: la contribución de la formación profesional al desarrollo humano y sostenible.

Entorno local

El entorno local como potenciador del desarrollo humano y sostenible

A pesar de que en el imaginario colectivo el término desarrollo es algo comúnmente aceptado, trae consigo muchas y muy variadas interpretaciones aun hoy en día. Si lo analizamos de forma cronológica, podemos apreciar cómo fue evolucionando desde una concepción eminentemente económica hasta una consideración en la que también se incluyen aspectos humanistas y culturales. La existencia de desigualdades entre las personas y, en consecuencia, entre los propios Estados es una situación que viene precediendo al ser humano desde siglos atrás, por lo que no han sido pocas las investigaciones que, desde ópticas económicas y también sociales, han intentado indagar acerca de los factores que generan bienestar social.

En los siglos XVIII y XIX el término progreso pasa a constituirse como idea dominante, especialmente en el contexto occidental, relacionándose con conceptos como igualdad, justicia social o soberanía popular. Se entiende así el progreso como el marco en el cual se van a desarrollar las ideas anteriores, como una forma de libertad y también de poder (Nisbet, 1981). En los albores del siglo XX, lo que se entendía como progreso entrará en una gran contradicción existencial, es decir, se anhela el logro de mayores cuotas de progreso, pero existen otras connotaciones que tratan de definir qué tipo de progreso se necesita y cómo se pretende alcanzar. Aparece el concepto de desarrollo vinculado directamente a la sociedad de consumo y a la economía como motor del bienestar social. En este sentido, el primer paradigma o modelo de desarrollo conocido es la Teoría de la Modernización  -identificación mimética de desarrollo con crecimiento económico-.

En contraposición a esto, el papel jugado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los años ochenta respecto a la construcción del término desarrollo merece ser también ampliamente destacado. Dicho organismo elabora la primera definición de desarrollo humano entendido como un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y al disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo (PNUD, 1990: 33). Se vincula así el concepto de desarrollo con la calidad de vida en términos cualitativos y no tanto cuantitativos, entendiendo que ésta depende no tanto del nivel de ingreso sino del uso que se le dé al mismo.

Casi de forma simultánea -en los años ochenta- comienza a gestarse otro concepto de desarrollo altamente vinculado al bienestar humano, aunque tomando como referencia principal su relación con el medio ambiente. Constatando la dependencia de los recursos naturales para la vida humana en el planeta, cabe incidir en las consecuencias que la industrialización trae consigo a largo plazo. En 1987 se publica el conocido como Informe Brundtland, y se define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. Esta nueva noción de desarrollo la emplen numerosos organismos y programas internacionales ?como la FAO o la Unesco?, tomando el bonomio sostenibilidad-desarrollo como tema nuclear y dando lugar a la construcción de indicadores y medidas del desarrollo sostenible.

Ante la necesidad de incluir la sustentabilidad en los conceptos de desarrollo impulsados por el PNUD ?dado que incialmente el índice de desarrollo humano (IDH) no tenía en cuenta los costes ambientales del desarrollo?, aparece el concepto de desarrollo humano sostenible como nueva hoja de ruta. Se pone así de manifiesto la incompatibilidad del modelo de desarrollo auspiciado por los países más ricos con la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población mundial (Aguado, Echebarría y Barrutia, 2009:105), lo que implica la imposibilidad de importar ese mismo nivel de consumo a terceros países. Se plantea la necesidad de cambiar los modos de vida predominantes en los países más poderosos, en aras de alcanzar un desarrollo más equitativo y sostenible, es decir, que no comprometa la vida de las generaciones futuras. Dentro de dicho modelo se incluiría la perspectiva de la sostenibilidad en consonancia con un desarrollo al mismo tiempo, humano y cultural. Se trata de integrar los conceptos de desarrollo humano y sostenible en un único término que sitúa al ser humano en el centro de sus preocupaciones, pero desde una perspectiva de solidaridad no sólo intrageneracional, sino tambien intergeneracional (Aguado, Echebarría y Barrutia, 2009:106).

Si tomamos este modelo como aplicable a la realidad más inmediata, no podemos sino coincidir con el PNUD al afirmar que el desarrollo humano -y, por extensión, el desarrollo humano y sostenible- o es local o no es. Para que un individuo tenga oportunidades, éstas tienen que ser generadas en su entorno inmediato (Obregón Davis, 2008), cobrando así sentido la manida frase Pensar globalmente, actuar localmente. Es así como las oportunidades formativas deben, dentro del marco del derecho a la educación, ofrecer a los individuos la posibilidad, no sólo de adquirir una capacitación técnica que les permita desarrollarse a nivel personal, sino también acceder a un empleo en condiciones de equidad y justicia social.

En este sentido, podemos afirmar que el modelo de desarrollo humano y sostenible debe ser, por definición, local y, por extensión, participativo y autogestionado. Bajo esta concepción, el término sustentable viene a substituir al de sostenible , ya que con el primero se representa el desarrollo desde la óptica de lo posible -sustentar-, mientras que con el segundo se pretende sostener un modelo de desarrollo a todas luces inviable si tomamos en consideración los límites naturales y humanos del planeta. De este modo, el desarrollo sustentable nace de la propia comunidad o grupo social, consolidándose dentro de ella sin dependencias externas. Este modelo de desarrollo es, en definitiva y por definición, endógeno, es decir, se opone al realizado desde la cúpula del sistema capitalista, a las lógicas aterritoriales de dicha economía y favorece el interés local (Furío Blasco, 1994:104). Ante la imposición de modelos de vida y remuneración que promuevan la dependencia del territorio de fuentes externas de riqueza, parece preferible abogar por modelos de consumo de bienes y servicios que revaloricen los recursos locales y los mantengan equilibrados en consonancia con el medio. Para Vázquez Barquero (2007:01) este modelo se concreta en una aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión, especialmente del capital público. Los modelos de desarrollo endógeno se constituyen así como la respuesta de lo local ante los desafíos de la globalización económica, poniendo en solfa la necesidad de volver la vista hacia el uso de los recursos locales para el abastecimiento de bienes y servicios de la propia comunidad (Garofoli, 1992 en Furío Blasco, 1994); la capacidad de controlar localmente el proceso de producción; la existencia de interdependencias productivas; la capacidad para innovar y la reiversión de los beneficios creados en la propia localidad (Cabaleiro Casal, 2001). A este respecto, González Cruz (2009:62-63) pone de manifiesto la necesidad de que los territorios locales centren sus esfuerzos en cuatro grandes dimensiones si su objetivo es caminar hacia un desarrollo humano y sustentable: la sustentabilidad; la economía social o economía solidaria; el capital social y la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Según este mismo autor, para lograr altos niveles de desarrollo humano en una localidad es de vital importancia la existencia de un alto nivel de confianza entre sus habitantes. Son necesarias así, en una comunidad, las redes y agrupaciones que faciliten las relaciones fundamentadas en el asociacionismo, la solidaridad y la conciencia cívica. El desarrollo humano sustentable camina así de la mano de un capital social denso, donde la confianza entre los ciudadanos/as sea la tónica esencial, donde existan redes asociativas ricas y diversas y la solidaridad y la transparencia de los gobernantes sea la expresión de lo cotidiano.

Cambio social

Repensando al emprendedor como germen del cambio social

Ante la necesidad, cada vez más acuciante, de caminar hacia este tipo de modelos de desarrollo, se presenta en las enseñanzas de formación profesional reglada un nuevo reto: abordar el emprendimiento como mecanismo de inserción laboral y, al mismo tiempo, como acto de responsabilidad social. Es necesario para ello repensar el papel tradicional del emprendedor, ajustarlo a las perspectivas realistas de la sociedad red globalizada y promover su implicación en el desarrollo del territorio en que se ubica.

Históricamente el emprendedor tiene su origen como término en la teoría Schumpeteriana, la cual lo define como el fundador de una nueva empresa, un innovador que rompe con la forma tradicional de hacer las cosas, con las rutinas establecidas (Carrasco y Castaño, 2008:122), es decir, una persona con dotes de liderazgo y con un talento especial para identificar el mejor modo de actuar. Dicha definición encaja a primera vista en el ideario colectivo neoliberal de exaltación del individualismo y la competitividad. Sin embargo, es el propio Schumpeter el que inicialmente rechaza esta asunción esencialista del hedónico homo económicus, guiado exclusivamente por el beneficio y coste marginal ya que el emprendedor schumpeteriano también se guía por emociones (Goss, 2005 en Carrasco y Castaño, 2008). Sin embargo, en la definición schumpeteriana subyace la idea -dentro de un contexto estrictamente capitalista- de que el entorno social es, al mismo tiempo, freno y acicate a la acción emprendedora . Supone un freno al ser necesario romper con las inercias establecidas en la economía -introducir innovaciones dando lugar a nuevos nichos de negocio- y también un acicate al ser la mejora de su entorno inmediato el que lo incita a iniciar su actividad (ídem, 2008). En este sentido, no podemos sino coincidir con Sennett (2000) cuando señala que la filosofía de la flexibilización impuesta por el modelo capitalista no siempre ha llevado a un mayor beneficio para la población en su conjunto, sino que las demandas inestables del mercado se convierten en organizadores externos del proceso de producción interno (ibídem: 50). Así las cosas, esta flexibilidad -profesional y privada- promovida desde las instituciones conforma uno de los ejes que explican el relativo aumento en la aparición de lo que podemos denominar emprendedores . Para Molina Moreno (2010) esta realidad se complementa con un alto nivel de desempleo, lo que provoca que, desde la promoción pública del autoempleo, se traslade, por parte de la Administración, la responsabilidad de su situación a los propios individuos casi de forma exclusiva. Esta realidad no puede sino inculcar en el imaginario colectivo sentimientos de culpa e indefensión que, lejos de promover mayores cuotas de bienestar, nos alejan de lo humanamente sustentable. Como respuesta a esta promoción de un emprendedor irreflexivo y, en algunos casos, incluso suicida, nace la concepción del emprendedor social o cooperativo.

Según Nicolás Martínez y Rubio Bañón (2011:06), para ser considerado un emprendedor social es necesario observar el porqué de la empresa, [...] o analizar el tipo de oportunidad que generó la idea de negocio desde el punto de vista del interés colectivo. En el emprendimiento social la oportunidad percibida está siempre relacionada con un problema social, aspecto que repercute no sólo en la vida del individuo considerado emprendedor, sino de las otras personas que se ven influidas por su actividad. Al mismo tiempo, la acción cooperativa sostiene mejor las turbulencias y evita la fractura social, destruye menos empleo -que la empresa mercantil- y genera un tejido productivo que mitiga el miedo, genera más bienestar y cumple con las características y el entorno de trabajo para ser innovador (Moruno Danzi, 2013). En definitiva, si tomamos la economía social como referente, no es posible sino tratar de paliar el tradicional desprestigio de este modelo desde las instituciones públicas, erigiéndose éstas en entes de creación e innovación colectiva. Aspecto para el cual, el papel de la formación profesional reglada es crucial, especialmente a la hora de incorporar nuevas dimensiones al concepto de emprendedor, tomando en consideración la actual coyuntura económica.

La introducción de este modelo de empresario en los contenidos de la formación profesional reglada es, pues, imprescindible, y para ello es necesario promover entre el alumnado la motivación para iniciar este tipo de proyectos.

Dicha motivación, en el caso de los emprendedores cooperativos, surge de cinco dimensiones básicas (Molina Moreno, 2010:41):

  • 1. Dimensión psicológica. Este nuevo emprendedor tiene la necesidad de alcanzar metas de mayor de dificultad (motivación de logro), le atraen las experiencias de riesgo moderado (no de alto riesgo), y valora actitudes personales como la independencia, la libertad, la responsabilidad o la honestidad.
  • 2. Dimensión entorno. La existencia de una cultura emprendedora y cooperativa en la zona influye en la decisión de iniciar una nueva actividad empresarial, así como otros elementos como los programas públicos de subvenciones, la facilidad para acceder a financiación o la existencia de sistemas de asesoramiento o incubadoras de empresas en los primeros momentos.
  • 3. Dimensión laboral. Este modelo de emprendedor suele tener una buena formación técnica en la actividad que pretenden desarrollar, por lo que la decisión no viene de situaciones de desempleo o baja empleabilidad, sino de la percepción de estancamiento de su vida profesional o de subempleo ante la ausencia de perspectivas de mejora y promoción (ibídem: 41). No es común que el emprendedor cooperativo lo sea en una actividad distinta de la que posee formación o experiencia.
  • 4. Dimensión social. Las redes sociales del emprendedor juegan un papel fundamental como facilitadores o inhibidores de las inquietudes empresariales, aunque en el caso de este modelo de emprendedor se suele carecer de antecedentes familiares empresarios (Díaz y Rodríguez, 2003 en Ídem, 2010). Al mismo tiempo, la elección de la modalidad cooperativa implica la creación de una red de apoyo con el objetivo de reducir la incertidumbre mediante el soporte del grupo de iguales-socios.
  • 5. Dimensión sociodemográfica. Este nuevo empresario tiene una edad comprendida entre los 30 y los 35 años, aunque existen diferencias de sexo en este sentido -las mujeres tienden a crear una cooperativa superada esta edad- y suelen existir responsabilidades familiares, como hijos por ejemplo, en el momento de iniciar la actividad.

El desarrollo endógeno, sustentable y local no puede sino venir de la mano de la economía social, un modelo de emprendimiento global y cooperativo que genera estabilidad laboral en los territorios y, al mismo tiempo, fija su población.

Modelo cooperativo

¿Emprenden los titulados en FP? La incidencia del modelo cooperativo en el tejido empresarial

La incidencia del modelo de negocio que venimos describiendo en el tejido productivo español se caracteriza por sus cifras a la baja. Si analizamos las empresas con base en España en función de su condición jurídica (INE, 2011), podemos apreciar que, en su mayor parte, son personas físicas (ver tabla 1). De hecho, el 53,1 % de la totalidad del tejido empresarial español está conformado por empresas que responden a esta condición.

Le seguirían las sociedades de responsabilidad limitada, conformando el 34,2 % de las empresas, mientras que las demás modalidades se sitúan en porcentajes de incidencia menores. Las sociedades cooperativas representan tan sólo el 0,7 % del tejido empresarial en España, ascendiendo las comunidades de bienes al 3,5 % y otros tipos al 5,38 %. Se trata de una cifra muy poco significativa, lo que refleja la falta de incentivos y de promoción de este tipo de empresas en nuestro país.

Gráfico 1. Porcentaje distribución de trabajadores de cooperativas por comunidad autónoma en el año 2011.  Fuente: CEPES (2012)

En cuanto al número de trabajadores que desarrolla su actividad en sociedades cooperativas, en el gráfico 1 podemos apreciar cómo la mayor parte se sitúa en Andalucía y en el País Vasco, con un 19,2 % de los trabajadores en cada caso.

Gráfico 2. Personas en el pimer período de búsqueda de empleo por método de búsqueda y colectivo en porcentajes.  Fuente: ETEFIL 2005- INE (2005)

Le seguirían la Comunidad Valenciana y Cataluña, con un 16,4 % y un 13,1 %, respectivamente. En las demás Comunidades la incidencia cooperativa es menor, siendo en todos los casos inferior al 6 % de los trabajadores. En función del sector de actividad, la economía social en España se centra en el sector servicios (GESES, 2008) con un 50 % de las cooperativas y un 61 % de las sociedades laborales con relación al número de sociedades en el año 2008.

Si, por otro lado, comparamos el método empleado mayoritariamente para acceder al primer empleo (consultar gráfico 2), vemos que tanto los graduados en ciclos formativos de grado medio como los procedentes de ciclos superiores emplean en menor medida las gestiones para establecerse por su cuenta . Tan sólo el 4,76 % en el caso de los titulados medios y el 3,7 % en el caso de los superiores. Sin embargo, es justo admitir que tampoco los demás grupos poblacionales destacan por decantarse hacia este modelo empresarial autónomo.

Si nos centramos en un estudio de inserción laboral de los titulados en Formación Profesional elaborado por la Comunidad Autónoma de Galicia (ver gráfico 3), podemos constatar que la mayor parte de los titulados que obtuvo empleo lo hizo en el sector privado (83 %), seguidos por el sector público (9,3 %).

Tan sólo un 3,8 % logró crear su empresa propia, y un 3,9 % se convirtió en trabajador autónomo. En este mismo estudio se trató de analizar el grado de iniciatva emprendedora del alumnado titulado preguntándole acerca de la intención que tenían de crear una empresa propia (ver gráfico 4). La amplia mayoría de los exalumnos destaca que no tiene previsto iniciar una actividad autónoma (88,6 %), mientras que casi un 10 % tiene intención de crearla en el medio o corto plazo, y un 1,9 % ya la posee.

Tal como vemos, se trata de una incidencia muy baja entre los titulados, por lo que realmente no podemos afirmar que sea una alternativa contemplada por una parte importante de las personas que superan un ciclo formativo. Cabría analizar en este sentido cuáles son las trabas más acuciantes para limitar la existencia de vocación emprendedora entre el alumnado de los ciclos formativos y, en general, entre los jóvenes en España. Para Ávila Romero y De Hoyos Vallejo (2011) existe una fuerte influencia de lo que ellos denominan el clima del emprendedor, el cual, unido a la incertidumbre económica y a las dificultades -cada vez más extremas- de acceso a la financiación, provocan que la tasa de actividad emprendedora se mantenga a la baja en el año 2010 y siga la misma tendencia en 2011.

A todo ello hay que unir un entramado burocrático excesivamente complejo y una necesidad de capitalización que requiere, en el mejor de los casos, una pequeña inversión inicial. En este sentido, nos situamos lejos de la promoción real de este modelo de actividad, aumentándose esa distancia a la hora de implementar iniciativas propias de la economía social -tal como señalamos anteriormente, las sociedades cooperativas constituyen en España tan sólo el 0,7 % del tejido productivo-. Los obstáculos que afectan a los empresarios mercantiles parecen acentuarse en el caso de los emprendedores sociales. Nos referimos en este caso a problemáticas de carácter financiero como hemos señalado, pero también a la falta de capital humano o a la carencia de una idea que llevar a la práctica (García Tabuenca, Crespo Espert, Pablo Martí y Creciente Romero, 2008:54).

Concluiones

La formación profesional ante el reto de la economía social

El papel que debe jugar la formación profesional en un modelo económico colectivo cobra especial relevancia en el contexto de crisis que actualmente padecen los países del sur de Europa. La formación para el trabajo no puede sino ser el eje vertebrador de las políticas de fomento del autoempleo y de un modelo de emprendedor centrado en la economía social como apuesta de futuro. En este sentido es donde convergen los tres ejes alrededor de los cuales hemos orientado este trabajo: la formación profesional, el emprendimiento y el desarrollo local o endógeno.

Coincidimos con Marina (2004) cuando afirma que al promover la competencia de emprender entre la población juvenil ?y también senior?, es necesario definir los proyectos que pueden ser considerados como más valiosos para la sociedad, puesto que se convertirán en aquellos de los que aprendan los alumnos. Es imprescindible entonces educar la competencia emprendedora estableciendo unos objetivos no sólo personales sino también sociales proclives a un nuevo modelo de empresario -el emprendedor social- responsable con su entorno y coherente con su realidad. Sí a incentivar el espíritu emprendedor, pero reformulando dicho término mediante su aproximación a la economía social como medio de subsistencia y generación de riqueza -no únicamente económica, sino también, laboral, social y ética-, al tiempo que se incide en la importancia no sólo de maximizar beneficios económicos, sino también de generar beneficios para la sociedad.

En otra publicación analizamos las iniciativas puestas en marcha desde la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria en Galicia en el marco de la promoción del autoempleo (Rego Agraso, 2010) entre el alumnado de ciclos formativos. De todas las acciones propuestas en ese momento -año 2008/2009- ninguna se centraba específicamente en la economía social o en modelos de creación de sociedades cooperativas, destacando al mismo tiempo su baja incidencia en los centros de formación profesional. Actualmente el antiguo programa FP Plus ha quedado incluido en el programa denominado Eduemprende, que abarca todas las acciones promotoras del emprendimiento en el sistema educativo gallego. En torno a la economía social, se establece en el marco de este programa un certamen de cooperativas dirigido al alumnado y profesorado gallego adaptado al nivel formativo de los alumnos. En este sentido, los participantes correspondientes al nivel de FP deben presentar un proyecto empresarial cooperativo, desarrollando el proceso completo de su puesta en marcha bajo dicha fórmula de forma original, coherente y viable económicamente. Existe un premio a la idea más original y viable, quedando las demás propuestas sin reconocimiento aparente. Parece, por lo tanto, que se trata de una medida accesoria -lo cual no excluye su necesidad-, cuya incidencia en el aprendizaje de competencias emprendedoras por parte del alumnado es, cuando menos, ampliable.

Al mismo tiempo, si lo que se pretende es contribuir desde la formación profesional reglada a un desarrollo humano y sustentable en el entorno local, parece imprescindible vincular el emprendimiento en economía social a la innovación y a la investigación. Surge así otra encomienda que define en parte cómo debe ser el emprendimiento a promover desde las instituciones formativas públicas. Ya señalaba en su día Vázquez Barquero (1986:105) que la consideración de la capacidad empresarial y de iniciativa como valor social positivo de la colectividad es, entre otros, un factor favorecedor del desarrollo endógeno. Se trata, en definitiva, de promover un proceso de desarrollo que debe aparecer de forma genérica, como la expresión de la triple capacidad de una sociedad económica para innovar, para ser solidaria, para reaccionar y para regularse (ibídem: 108). Un modelo de formación profesional adaptado a las necesidades de los territorios locales y promotor de una economía social de base como reguladora y gestora de las carencias sociales determinadas por la sociedad de mercado puede contribuir a esta modalidad de desarrollo. Ya desde los documentos de las décadas para el desarrollo, se pone especial énfasis en la investigación y la innovación, dado que sin progreso científico no puede existir desarrollo. De ahí que una de las medidas que se proponen para promover el desarrollo sea apoyar económicamente la investigación y la mejora tecnológica en los territorios en cuestión. En esta encomienda, es donde la capacitación laboral juega un papel esencial, al incentivar la empleabilidad de las personas al tiempo que genera profesionales no sólo actualizados, sino con perspectivas de mantenerse en dicha situación a lo largo del tiempo. Se contribuye así a la consolidación de la economía social, ya que en palabras de Michel Rocard (en Lais Puzino, 2005:34) esta es única en su capacidad de combinar la producción de bienes y servicios de utilidad social con la creación de empleo, el desarrollo local y la lucha contra la exclusión social.

Asimismo, la situación actual de los jóvenes induce a tomar conciencia de la necesidad de inciar medidas a favor del empleo -las cifras de desempleo juvenil en España superaban el 41 % en el año 2010 (Istituto per la Ricerca Sociale, 2012)-, para lo cual se presenta como ineludible prestar atención a algunos de los riesgos que afectan a este colectivo. La devaluación y desprofesionalización de los jóvenes altamente cualificados es una de las necesidades a abordar. En este sentido, en el estudio referido previamente se señala que, a pesar de sus cualificaciones, los jóvenes trabajadores con alto nivel educativo deben ser considerados un grupo en situación de riesgo, aludiendo a varios argumentos: no están seguros de su identidad profesional y sus perspectivas de futuro; son excluidos de los procesos de regulación social a gran escala; tienen escaso poder de negociación y, a menudo, experiencia de empleo en condiciones inestables y no reciben una atención significativa, reconocimiento o protección por parte de las instituciones, empresas, administraciones públicas, o de las fuerzas políticas y sociales (ibídem: 07).

Por último, sólo nos resta referirnos a las posibilidades de generación de capital de las enseñanzas de formación profesional, aludiendo especialmente al capital humano, social, cultural e identitario (Côte, 2005; Desjardin, 2008 y Feinstein et al., 2009. En CEDEFOP, 2013) y añadir que todos ellos, en consonancia con las necesidades sociales actuales, deben ser promovidos de igual modo y todos deben contribuir a generar una sociedad más justa y equitativa. Aspecto este último en el que el papel de la economía social -actualmente infradesarrollada y poco apoyada por los poderes públicos- es de vital importancia como generadora de riqueza colectiva, ajena en cierta medida a la lógica capitalista. Su contribución a un desarrollo equilibrado, sustentable y humano no puede desestimarse de ninguna manera, al igual que no debemos resignarnos a que la formación profesional no forme parte de ello.

Bibliografía

  •  Aguado Moralejo, I.; Echebarría Miguel, C.; y Barrutia Legarreta, J.M. (2009). «El desarrollo sostenible a lo largo de la historia del pensamiento económico». En Revista de Economía Mundial, 21, 2009, 89-110.
  • Ávila Romero, F. y De Hoyos Vallejo, E. (2011). «Emprender actualmente en España. Una breve revisión». En Extoikos , Nº 2, 2011, 123-125.
  • Carrasco, I. y Castaño, M. S. (2008). «El emprendedor schumpeteriano y el contexto social». En Información Comercial Española (ICE) Revista de Economía , Nº845, Nov-Dic 2008 Marx-Keynes- Schumpeter, 121-134.
  • CEDEFOP (2013). Benefits of vocational education and training in Europe for people, organisations and countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  • Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) (2012). El cooperativismo español. Una fórmula empresarial de futuro. Madrid: CEPES.
  • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia (2012). Informe Inserción laboral das persoas tituladas de FP que remataron estudos no curso 2009-2010 e Ocupación laboral das persoas que superaron o mó-dulo de FCT no ano 2011. Estudo comparado con estudos anteriores. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
  • Furío Blasco, E. (1994). «El desarrollo económico endógeno y local: reflexiones sobre su enfoque interpretativo». En Estudios Regionales, Nº40 (1994), 97-112.
  • Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES) (2008). Memoria final proyecto de investigación: «Estudio sobre las cooperativas y sociedades laborales en españa: creación de empleo y contribución al desarrollo económico». Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
  • García Tabuenca, A.; Crespo Espert, J.L.; Pablo Martí, F. y Creciente Romero, F. (2008). «Emprendedores y empresas en España. Un enfoque ecléctico». En Economía Industrial , Nº 367, 2008 (Ejemplar dedicado a Retos y oportunidades para el sistema productivo español), 51-65.
  • González Cruz, F. (2009). «Desarrollo humano sustentable local». En Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, Vol.8, Nº 22, 2009, 53-66.
  • INE (2012). Anuario Estadístico de España 2011 . Madrid: INE.
  • Lais Puzino, S. (2005). «Deuda, desarrollo local y economía social». En CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa , Nº 64, 2009, 35-58.
  • Marina, J.A. (2004). Aprender a vivir. Barcelona: Ariel.
  • Molina Moreno, V. (2010). «Emprendedurismo desde las entidades sin ánimo de lucro de la economía social financiera». En Revista Cooperativismo y Desarrollo, Vol. 18, Nº97, Jul-Dic 2010, 34-49.
  • Nicolás Martínez, C. y Rubio Bañón, A. (2011). «El emprendedor social: concepto y fines». En Gestión. Revista de Economía, Nº 53, Sep-Dic 2011, 05-09.
  • Nisbet, R. A. (1981). Historia de la idea de progreso. Barcelona: Gedisa.
  • Obregón Davis, S.A. (2008). Planeación para el desarrollo humano y bases metodológicas para su instrumentación. Análisis de las experiencias en Andalucía y Jalisco. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. Conserjería de la Presidencia (Junta de Andalucía).
  • Pérez de Armiño, K. (2000). Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Barcelona: Icaria.
  • Programa Nacional de las Naciones Unidas (PNUD) (1990) . Informe sobre desarrollo humano 1990. Bogotá: Tercer Mundo Editores. PNUD.
  • Rego Agraso, L. (2010). «A Formación Profesional Inicial como contexto de aprendizaxe e fomento do emprendemento entre a xente nova: situación no mercado laboral galego e iniciativas». En Rial Sánchez, A., Valcarce Fernández, M., Sanjuán Roca, M.M., Mariño Fernández, R. y Rego Agraso, L. (2010). Aprender a emprender a través da educación e a formación. Actas XI Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
  • Sennett, R. (2000). La corrosión del carácter.Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo . Barcelona: Editorial Anagrama.
  • Vázquez Barquero, A. (1986). «El cambio de modelo de desarrollo regional y los nuevos procesos de difusión en España». En Estudios Territoriales , Nº 20, 87-110.
  • Vázquez Barquero, A. (2007). «Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial». En Investigaciones Regionales, nº11, 2007, 183-210.

Referencias

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