Artículo realizado por: Francisca Mª Arbizu Echávarri, exdirectora del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) y experta internacional en sistemas de cualificaciones y formación profesional.
Según Einstein: «la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos, la creatividad nace de la angustia como el día de la noche oscura. Es de la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a si mismo sin quedar superado. Quien atribuye la crisis a sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones, la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin la crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.
Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar soluciones, acabemos de una sola vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.»
Veinticinco años de cualificaciones, el periodo desde 1986 a 2011, ha sido de grandes desafíos y, en consecuencia, de grandes avances. Mi vida ha corrido este tiempo en permanente crisis para una mejora de las cualificaciones y la formación profesional de este país. En este artículo pretendo sintetizar esta evolución en lo que se refiere a las cualificaciones profesionales y el Sistema Nacional de Cualificaciones en una perspectiva personal, nacional y europea.
La formación profesional, como mecanismo de cualificación para el empleo y de aumento de la productividad de las organizaciones y de la competitividad del país, requiere de una reflexión estratégica que permita adaptarla a un contexto de crisis económica, de necesidad de mayor nivel de cualificación de la población activa y de un ajuste entre la oferta formativa y la demanda de los sectores productivos. El actual Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se puede analizar en el tiempo en las siguientes fases:
- 1986-1998. Fase de preparación. Creación del Consejo General de FP. Reforma de FP. Apoyo financiero del FSE.
- 1998-2002. Fase de creación. Del II Programa Nacional de FP a la aprobación de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la FP.
- 2002-2004. Fase de arranque. De la Ley 5/2002 a la aprobación de las primeras 97 cualificaciones del Catálogo Nacional. Realización del Proyecto de evaluación, reconocimiento y acreditación. ERA 2003.
- 2004-2011. Fase de desarrollo normativo. Aplicación en la educación y la formación para el empleo, en procesos centrífugos en las comunidades autónomas.
- 2012... Fase de consolidación y mejora.
1986-1998
Fase de preparación
Poco sabemos de la situación global de la cualificación en España en un sentido amplio, pues no se cuenta con datos integrados de Formación Profesional en el sistema educativo (Programas de cualificación profesional inicial y títulos de técnico y técnico superior) , FP en el empleo (para desempleados y ocupados siguen teniendo canales de información disjuntos) , ni de la realidad de las empresas y organizaciones. El término cualificación abarca diversos significados:
(a) la cualificación formal: el resultado formal (certificado, diploma o título) de un proceso de evaluación y validación, obtenido cuando una autoridad competente establece que una persona posee los resultados de aprendizaje correspondientes a una norma dada y/o posee las competencias necesarias para ejercer un empleo en un entorno de actividad profesional específica. Una cualificación confiere un reconocimiento oficial del valor de los resultados de aprendizaje en el mercado de trabajo y en la educación y formación. Una cualificación puede facultar legalmente para la práctica de una profesión (OCDE);
(b) los requisitos para el empleo: los conocimientos, competencias y capacidades necesarios para desempeñar las tareas específicas asociadas a un puesto concreto de trabajo (OIT).
Es la primera acepción la que se usa para la cualificación de la población activa, la segunda acepción de cualificación, de los recursos humanos, cobra una importancia fundamental y se transforma en una ventaja competitiva para el país, lo cual lleva a considerar que el aprendizaje debe ser asumido como un proceso permanente que permita a empresas y trabajadores potenciar sus capacidades de innovación y adecuación.
En 1986 la población activa era de 13.729.400 personas, con el doble de hombres que de mujeres. La tasa de actividad masculina descendía (49,7%) mientras que aumentaba de forma lenta la tasa de actividad femenina (21,3%). La entrada de España, ese año, en la UE significó un crecimiento de la tasa global. Se inicia un ciclo de cierto auge económico con aumento de la demanda de viviendas y bienes de consumo, un desarrollo económico en el sector industrial pero sobre todo en el sector servicios. España en la década de los ochenta presentaba la mayor tasa de paro de toda Europa. Este desempleo, primer problema nacional, afectó más a la población activa tradicional masculina (crisis y reconversión en el sector industrial). Más del 50% de los parados eran menores de 25 años, afectando principalmente a población femenina, y un 10% de los desempleados tenían más de 50 años y su integración en el mercado laboral resultaba problemática debido a su escasa cualificación. Además había una destacada economía sumergida.
No muy distinto a la situación actual, salvo que los niveles de cualificación de entonces eran mucho más bajos, con mayor número de analfabetos, una muy estrecha proporción de cualificaciones intermedias provenientes de la Ley de Formación Profesional Industrial, como oficiales industriales y maestros industriales. Y una FP de 1º y 2º grados derivada de la LGE de 1970 en pleno desarrollo. Mi entrada a la FP como profesora de Escuelas de Maestría Industrial, por oposición libre en 1980 en el Instituto de Formación Profesional de Móstoles, proveniente de la enseñanza del BUP en una zona acomodada de Madrid, fue enfrentarme a la realidad española.
El diagnóstico realizado ( Jesús Manzano y Rueda, año 1987) en el documento Algunas reflexiones sobre la reforma de la F.P. Apuntes para un modelo de Formación Técnico Profesional, refleja la necesidad de un sistema de formación profesional específica que, manteniendo las funciones de las distintas Administraciones y agentes sociales, provea de un diseño general común que coordine la formación profesional del sistema educativo, y la formación ocupacional de la Administración laboral. El primer apunte para el diagnóstico son las deficiencias de la FP 1 y la FP 2, el segundo son los cambios en la tecnología en los sectores industriales y de servicios, y en la estructura económica. Ello implicaba una modificación en la cualificación de los trabajadores debido a la aplicación de la microelectrónica y las tecnologías de la información y comunicación, lo que conduce a procesos automatizados que determinan una disminución de trabajo que requieran de destrezas manuales y una bipolarización de las cualificaciones: un nivel inferior con baja necesidad de formación específica, pero que debe tener una buena formación general de base y un nivel superior de cualificación dirigido, más que a puestos de trabajo determinados, a un área profesional. Estos cambios tecnológicos, además de producir cambios en la profesionalidad, harán emerger nuevos perfiles.
Se fijan las bases y el modelo de una formación profesional entendida como todo aprendizaje, realizado o no en el ámbito de la escuela, que tenga por finalidad preparar a la persona para el trabajo y para la vida activa. Del análisis del total de formación necesaria para desempeñar correctamente un puesto de trabajo, se hizo la clasificación en formación general, formación profesional de base, formación profesional específica y formación en puesto de trabajo. Ésta fue la génesis del modelo de formación profesional de la LOGSE, muy influido por modelos de otros países, fundamentalmente por Reino Unido en cuanto a la estructura de competencias, de Alemania (incorporación del módulo de formación en centros de trabajo), de Francia (en cuanto a referenciales de empleo), de Italia (modelo de terrritorialización) y de Canadá-Quebec (modelo curricular de los módulos de formación).
La incorporación de España a la Unión Europea, en 1986, implicó la adopción de una serie de directrices y criterios, a la vez que el comienzo de la recepción de ayudas significativas del Fondo Social Europeo en función del bajo PIB del país. En el mismo año se creó el Consejo General de Formación Profesional que, presidido de manera alternada por los ministros de Trabajo y de Educación, es el órgano de consulta y asesoramiento al Gobierno en materia de formación profesional. Su composición es de carácter tripartito, integrado por representantes de organizaciones empresariales, sindicales y Administraciones, tanto del Estado como autonómicas.
En ese contexto el modelo de Formación Profesional del Sistema Educativo se plasma en el capítulo IV de la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). La experiencia de diez años como profesora y cargo directivo de centros de FP me estimuló a participar, animada por Jesús Manzano, entonces subdirector general de Educación Compensatoria, en el Proyecto de Renovación de los contenidos de Formación Profesional, perteneciente a la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, en el periodo de 1990 a 1993. La primera etapa en representación del Ministerio de Educación en el estudio sectorial de necesidades de formación profesional en el sector de Industrias Químicas, y a continuación, en la responsabilidad de la dirección del Grupo de Trabajo Profesional de Química, donde se analizó la referencia del sistema productivo y la formación asociada a la competencia profesional, dando los primeros títulos y currículos definidos con una metodología innovadora de análisis funcional de los objetivos de la producción de bienes y servicios, con la participación activa de expertos tecnológicos y formativos.
En 1993, por trabajo del Consejo se aprobó el primer Programa Nacional de Formación Profesional (PNFP) que, configurado como Acuerdo del Consejo de Ministros (1993-1996), tiene entre sus objetivos en relación con la renovación de la oferta, la «creación de un sistema nacional de cualificaciones profesionales a partir de los estudios sectoriales realizados para cada sector productivo», en el que se contextualiza el sistema de formación basado en competencias de los títulos de formación profesional derivados de la LOGSE y en certificados de profesionalidad en la Administración laboral, pero no a un sistema de cualificaciones.
En la década de los noventa también se asistió a un profundo proceso de descentralización del Estado que implicó el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, que en la actualidad gozan de significativas atribuciones a la hora de definir políticas en el ámbito educativo, y de gestión de la formación en el ámbito laboral.
A su vez en el ámbito europeo se impulsó un programa de correspondencia de cualificaciones, en el que tuve la oportunidad de contribuir en la familia profesional Química, que puso de manifiesto la enorme dificultad de poner en relación cualificaciones de distintos países en una misma área profesional, pues no existía un glosario común, y la disparidad de los modelos era enorme. Allí se establecieron cinco niveles, adoptados en la reforma de la FP del sistema educativo, aplicándose a los módulos profesionales experimentales de niveles 2 y 3, previos a LOGSE, y en los ciclos formativos de grado medio y superior, en España.
En respuesta a uno de los objetivos del I PNFP se creó la Unidad Interministerial para las Cualificaciones Profesionales (UICP) a fin de sentar las bases. En representación del Ministerio de Educación participé en dicha Unidad junto a compañeros del Ministerio de Trabajo y del entonces Instituto Nacional de Empleo. Débil y minúscula, sin el apoyo ni la voluntad política necesaria, la Unidad no fructificó. Los años 1995 a 1999 los dediqué a la ordenación de la FP del sistema educativo. La experiencia en la aplicación de las pruebas de evaluación de enseñanzas no escolarizadas, procedimiento aplicado para el reconocimiento de competencias adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, y la conceptualización de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio o superior, así como lo relativo a acceso del profesorado o convalidaciones de los alumnos entre distintos orígenes hacia la FP constituyó un proceso de avance muy importante.
1998-2002
Fase de creación. Del II Programa Nacional de FP a la aprobación de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la FP
Con la experiencia del I Programa, y sin su evaluación, pero con el fin de potenciar la creación del Sistema se configuró el Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional, acordado en el seno del Consejo General de la Formación Profesional el 18 de febrero de 1998 y aprobado por el Gobierno por Acuerdo de Consejo de Ministros el 13 de marzo de ese año.
El Programa se constituyó como instrumento fundamental para garantizar la oferta formativa contando con los agentes sociales y las comunidades autónomas. Se asentó sobre los pilares de la consideración de la formación profesional como inversión en capital humano y la integración de la formación profesional con las políticas activas de empleo en clave comunitaria. La participación de la Administración General del Estado, de los agentes sociales y de las comunidades autónomas, dentro del Consejo General de la Formación Profesional fue una base fundamental para la gobernanza, pero el pilar eje del futuro fue la Creación del Sistema Nacional de Cualificaciones-SNC.
Este primer objetivo básico de crear el Sistema Nacional de Cualificaciones con participación de las comunidades autónomas, para permitir la formación a lo largo de la vida a través de la integración de los tres subsistemas de formación profesional, tomó como medidas el establecimiento de una norma básica reguladora, la creación del Instituto Nacional de las Cualificaciones-INCUAL, y su observatorio profesional concebido como red de redes de observación de la evolución de las cualificaciones y la regulación del sistema de correspondencias, convalidaciones y equivalencias entre los tres subsistemas incluyendo la experiencia laboral.
El INCUAL, como instrumento técnico de carácter independiente, fue creado por el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, como órgano técnico de apoyo del Consejo General de FP para conseguir los objetivos de la observación de las cualificaciones y su evolución; la determinación de las cualificaciones que constituyen el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales-CNCP; la acreditación de las cualificaciones para favorecer la transparencia del mercado de trabajo y su relación con la formación; el desarrollo de la integración de las cualificaciones a través del Catálogo Modular de Formación Profesional; y el seguimiento y la evaluación del propio Programa Nacional de Formación Profesional, para favorecer la calidad y coherencia de la formación profesional.
A propuesta de los agentes sociales, y con acuerdo de ambos ministerios, en el Consejo General de FP fui nombrada por el Ministro de Trabajo directora del INCUAL. El período 1999-2002 fue dedicado a la investigación sobre el modelo del sistema, y modelo y metodología de elaboración de las cualificaciones.
El hecho de que el INCUAL estuviera compuesto por personal con tres culturas de FP (Educación, Trabajo e INEM) dio complejidad a la par que riqueza. Su estructura en cuatro áreas estaba enfocada a sus funciones: Observatorio Profesional, más vinculado al empleo; Área de articulación del sistema de cualificaciones al reconocimiento de cualificaciones y competencias; Área de diseño de cualificaciones a la elaboración del CNCP; y Área de información y gestión de recursos. El Instituto se gestionó como una organización cualificante para su propio personal, con incluso incorporación de becarios, lo que ha llevado a ser un proveedor de personal cualificado para otros organismos tanto de Trabajo como de Educación en los ámbitos nacional e internacional.
Este periodo se caracterizó también por una rica actividad del Consejo con elevada participación tanto de agentes sociales como de comunidades autónomas, donde se sentaron las bases para la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la FP. La actitud decidida del Ministerio de Educación, de llevar adelante la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP, hizo que el INCUAL cambiase su adscripción, dejando el Ministerio de Trabajo sin cambio de funciones.
El objetivo del Programa de profesionalizar para la inserción a través de empresas, potenciando la colaboración empresa-escuela para conseguir mayor y mejor inserción en el mercado de trabajo, fue impulsado a través de las ofertas formativas con resultados entonces no medidos pero con una cierta tendencia al cambio en la imagen y visión social de la FP.
Desarrollar un sistema integrado de información y orientación profesional, que constituía el tercer objetivo del Programa, no fue desarrollado y tampoco hoy se ha conseguido. Se constituyó un grupo de trabajo en el Consejo que, apoyado por el INCUAL, llegó a un informe respecto a la desarticulación de la información y la orientación profesional en este país.
Garantizar la calidad de la formación profesional, su evaluación y seguimiento, como cuarto objetivo sigue siendo un capítulo pendiente. Su ausencia es la causa, en parte, de la desconfianza entre las ofertas formativas de títulos y certificados de profesionalidad y una gran traba para la integración. El grupo de trabajo creado para evaluar el Programa Nacional de FP llegó a una primera definición de indicadores, pero la dificultad encontrada para obtener datos de comunidades autónomas y otros estamentos hizo decaer el trabajo. No haber realizado una evaluación y seguimiento del Programa llevó a no contar con una medición del punto de partida. En ese sentido sería imprescindible realizar una evaluación anual del estado de las cualificaciones y la FP.
El objetivo del marco y dimensión europea de la formación profesional, apoyada en la idea establecida en la Unión Europea de aprendizaje durante toda la vida fue enfocado con la participación en programas europeos como el Leonardo da Vinci o el Comité Consultivo de FP de la Comisión Europea, que fueron de gran intensidad en el período, lo que ayudó a enfocar el desarrollo del Sistema en clave de los objetivos de Lisboa para la educación y la formación.
2002-2004
Fase de arranque. De la Ley 5/2002 a la aprobación de las primeras 97 cualificaciones del Catálogo Nacional. Realización del Proyecto de evaluación, reconocimiento y acreditación. ERA 2003
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (en adelante LOCFP) hace responsable al INCUAL de la definición, elaboración y mantenimiento actualizado del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) y del Catálogo Modular de Formación Profesional asociado al primero. Por tanto, responsable de la definición de las competencias profesionales para el conjunto de los sectores productivos y de los módulos asociados, para las ofertas formativas.
De los objetivos del Consejo a los que el INCUAL debía apoyar, solo ha podido ser desarrollado de manera amplia y con metodología rigurosa el de determinar las cualificaciones que constituyen el CNCP. Los otros objetivos han encontrado demasiadas trabas en la propia Administración general como para poder ser valorados como de resultado satisfactorio.
La LOCFP tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de FP, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el SNCFP (INCUAL 2003b) , definiéndolo en el artículo 2.1 como «el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo».
Los cuatro instrumentos y acciones del SNCFP son el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) y su Catálogo Modular de Formación Profesional asociado; el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales; las iniciativas de evaluación y mejora de la calidad del propio sistema; así como de información y orientación profesional.
El CNCP se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. El Catálogo ordena las cualificaciones profesionales, susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. Incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional. El punto de partida para su elaboración es el diagnóstico de las necesidades del mundo productivo. Con la estructura y contenido del CNCP, establecido en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, se identifican, definen y ordenan las cualificaciones profesionales y se establecen tanto las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia como el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. La modificación del CNCP por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, abrió el camino para la dificultad de integración de las ofertas de FP, que hoy perduran.
Su organización en sentido horizontal es en familias profesionales, y en sentido vertical según niveles de cualificación, que responden a criterios de la UE. Las 26 familias profesionales, por su parte, atienden a criterios de afinidad de la competencia profesional y en referencia a los sectores productivos, pero con una relativa autonomía de éstos. A cada familia (INCUAL, 2003a) se asocia una serie de actividades económicas propias de la CNAE, y una serie de ocupaciones de la CNO-94 que permiten asignar datos económicos y de empleo. El INCUAL cooperó con el Instituto Nacional de Estadística para la actualización de la CNO-2011, a partir de la clasificación internacional, ISCO 2008, mediante información cualitativa relevante derivada del CNCP.
Los cinco niveles de cualificación profesional atienden a la competencia profesional requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad. Encaja en los niveles de cualificación definidos en la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales (en tramitación en los momentos de definición del CNCP), y con las clasificaciones de educación (ISCED-CNED), de ocupaciones (ISCO-CNO) y de grupos de cotización.
Un gran dispositivo, a partir de las bases para la elaboración del CNCP, aprobadas por el Consejo en mayo de 2003, puso en marcha la elaboración de las cualificaciones con su propia metodología, mediante grupos de trabajo por familia profesional (GT), en algunos de los cuales y de acuerdo con el contexto productivo, cooperaron activamente las comunidades autónomas: la agraria se ubica en Andalucía; fabricación mecánica e instalación y mantenimiento se localiza en el País Vasco; energía y agua, en Navarra; imagen y sonido, en Cataluña; madera, mueble y corcho en Valencia; transporte y mantenimiento de vehículos en Castilla y León; artes y artesanías en Castilla-La Mancha; y la marítimo-pesquera e industrias extractivas en Galicia.
La elaboración del CNCP involucró a veintiséis grupos de trabajo sectoriales, ochenta responsables de familias (jefes de grupo, secretarios técnicos y coordinadores metodológicos) y más de quinientos expertos tecnológicos y formativos de todo el territorio español. Todo ello financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. En marzo de 2004 se aprobaron las primeras 97 cualificaciones profesionales, a propuesta conjunta de los ministros de Educación y de Trabajo.
Es de señalar en este período el Proyecto Experimental de Evaluación, Reconocimiento y Acreditación, ERA 2003, que en colaboración con determinadas autonomías fue desarrollado para sentar las bases del modelo de cooperación Estado-comunidades autónomas y la contribución de los agentes sociales.
En el ámbito europeo el periodo se caracterizó por la reflexión compartida del Memorándum de aprendizaje a lo largo de la vida (2001), y un proceso de cooperación reforzada que desembocó en la Declaración de Copenague. El trabajo con la OCDE, en el ámbito internacional, se centró en la actividad sobre Sistemas de cualificaciones, puentes al aprendizaje a lo largo de la vida, que permitió la profundización y reflexión compartida con otros países en este periodo. La conceptualización acordada sobre los términos clave de sistema, marco, cualificación, etc. son el preludio del Marco Europeo de Cualificaciones, gracias a Patrick Werquin y Mike Coles.
2004-2008
Fase de desarrollo normativo, configuración del CNCP y su aplicación en la formación profesional
Este período se ha caracterizado por un fuerte desarrollo normativo de la LOCFP, para que las cualificaciones y la formación articulen tanto las ofertas formativas del sistema educativo como del laboral y el que crea la formación para el empleo.
En cuanto al CNCP, el período 2004-2008 fue muy intenso en elaboración de modo que se configuró de forma prácticamente completa, con un total de 736 cualificaciones (461 publicadas o aprobadas, 90 informadas por el Consejo General de FP, 69 en contraste externo, 72 en elaboración y 44 previstas), atendiendo a sus fines:
- Facilitar la adecuación de la formación profesional a los requerimientos del sistema productivo: la intensa participación de expertos productivos hizo aflorar perfiles emergentes.
- Promover la integración, el desarrollo y la calidad de las ofertas de formación profesional con una estandarización de la competencia profesional en forma de unidades de competencia.
- Facilitar la formación a lo largo de la vida mediante la acreditación y acumulación de aprendizajes profesionales adquiridos en diferentes ámbitos: la configuración de niveles 1 ha dado lugar a la posibilidad de hacer formación y acreditación para personas de baja cualificación y promover su aprendizaje. Las competencias profesionales permiten el reconocimiento de los aprendizajes no formales e informales a través de su evaluación y acreditación.
Contribuir a la transparencia y unidad del mercado laboral y a la movilidad de los trabajadores. La identificación de las cualificaciones del mercado laboral y su relación con las clasificaciones están permitiendo hacer aflorar profesiones y profesionales.
El Catálogo a fin de 2008 contenía un total de 736 cualificaciones profesionales, de las cuales había 461 publicadas o aprobadas, quedando 90 informadas por el Consejo General de FP, 69 en contraste externo, 72 en elaboración y 44 previstas. Se caracteriza por ser innovador, dar respuesta a las profesiones reguladas y atender también a las profesiones artísticas y artesanas. Cubre el espectro de todas las actividades económicas pero solo en los tres primeros niveles de cualificación.
Pero más importante que la cantidad es la calidad de los estándares de competencia conseguidos gracias a la metodología empleada y a una amplitud de miras en su concepción, que han logrado que fluyan las cualificaciones innovadoras, las sometidas a regulación y, en general, las que pueden aumentar la productividad de las empresas y la competitividad de las organizaciones. Algunas de sus características son:
- Incorporación de innovaciones tecnológicas u organizativas en los procesos industriales o de prestación de servicios. Inclusión de la biotecnología y de la química fina, tecnologías utilizadas en la fabricación de productos químicos de alto valor añadido muy usados por la industria farmacéutica, en la familia QUI. Se han desarrollado cualificaciones, en la familia IMP relacionadas con la estética del bienestar como tratamientos hidrotermales. Inclusión de las actividades de educación ambiental y teleoperadores de emergencia en la familia SEA.
- Tratamiento especial de las competencias relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En la familia profesional de IFC existen cualificaciones relacionadas con internet para diseño de páginas web y comunicación mediante tecnología digital. En la familia ARG, la elaboración de productos editoriales multimedia, con un peso creciente en la actividad editorial, y en IMS se han definido las vinculadas a animación en dos y tres dimensiones.
- Se da respuesta al nuevo contexto de globalización. En COM destacan las actividades de logística por su importancia en el rendimiento y competitividad de los sectores productivos, en las actividades de transporte, distribución, aprovisionamiento y gestión de almacenes.
- Incorporación de competencias para cumplir aspectos legales que afectan a determinadas profesiones. Por ejemplo, en TMV las cualificaciones de conductores de camiones, o en ADG las vinculadas a la mediación de seguros y reaseguros privados, así como para la Administración tributaria y, en el ámbito privado, las funciones de los consultores. En SSC destacan las cualificaciones que dan repuesta a la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- Incorporación de cualificaciones profesionales que permiten construir ofertas en sectores emergentes. Así las cualificaciones vinculadas a la instalación y mantenimiento de las energías alternativas: solar, eólica, aprovechamiento de la biomasa, etc., de la familia ENA, o la inclusión de la agricultura y ganadería ecológica en la familia AGA.
- El CNCP da respuesta a todas las profesiones reguladas vinculadas a los niveles 1, 2, 3. Por ejemplo, guía de turismo, tripulante de cabina de pasajeros, guarda particular del campo, buzo.
- Define cualificaciones cuya formación no estaba contemplada en las ofertas de formación profesional como las relacionadas con el mantenimiento de equipos que constituyen los sistemas de electromedicina o el transporte sanitario, o de la Policía y el Cuerpo de bomberos.
- Estandariza las competencias de cualificaciones tradicionales. Desarrollo de cualificaciones relacionadas con la cría y doma del caballo. Para la conservación de bienes culturales se ha elaborado una cualificación relacionada con la encuadernación artística y otra con el mantenimiento y conservación de bienes culturales en textil y piel.
- Promueve la mejora del nivel de cualificación en determinadas profesiones en las que España se encuentra en un alto nivel profesional. Se ha desarrollado una cualificación para la alta peluquería y la alta cocina.
- Se ha prestado atención especial a actividades artesanas y artísticas. En varias familias profesionales como las relacionadas con el espectáculo en vivo, y en IMS se ha definido una cualificación para la animación musical y escénica. En la familia ART las cualificaciones se plantean a fin de evitar la desaparición de oficios artesanos tradicionales y contribuir a la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico nacional.
- Se han estandarizado las competencias clave de carácter transversal a diferentes cualificaciones e incluso familias profesionales. Tomando como eje la Recomendación de la Comisión Europea de 2006 sobre competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida, se ha aplicado a la competencia digital. Tal es el caso de la UC, la unidad de competencia UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación y el módulo formativo asociado MF0233_2: Ofimática (120 horas), común en la familia ADG. En el caso de la competencia en lenguas extranjeras se ha realizado un tratamiento de acuerdo con el Marco Europeo de las Lenguas, aplicado al contexto de acción profesional en cada caso. Tienen especial relevancia las familias HOT, COM, ADG y TMV.
Si bien el Catálogo constituye la base para elaborar la oferta formativa conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesidades específicas, las aplicaciones están siendo desiguales.
>> Las 78 cualificaciones de nivel 1 se ofrecen como Programas de Cualificación Profesional Inicial del sistema educativo. Son diseñados en cada Administración educativa de las comunidades con modelos diferentes, poco transparentes y faltos de movilidad. La oferta es muy diversa y no existen patrones para ella. Han supuesto una elevación de número respecto a los anteriores programas de Garantía Social, a la par que ofrecen cualificaciones actuales, requeridas por el mercado de trabajo y con prospectiva de futuro. Ofrecen la posibilidad de cursar exclusivamente módulos profesionalizantes o de optar con recibir además formación general orientada a la graduación en la ESO. Los PCPI los acredita, mediante certificados de profesionalidad la Administración laboral pero no hay datos estadísticos sobre este extremo, pues se han puesto en marcha muchos PCPI cuyas cualificaciones no cuentan aún con certificado. La información sobre resultados del curso 2008/2009 es de 18.563 alumnos, que obtuvieron un certificado académico o profesional y 366 finalizaron un PGS. Teniendo en cuenta que ese curso hubo 51.659 alumnos, habría que considerar su éxito. No hay información sobre la formación en centros de trabajo ni sobre la inserción laboral.
>> No obstante, su necesidad es tan plausible que el número de alumnos en 2009/10 fue de 74.715 (23.307 mujeres solo) que, siendo insuficiente, ha duplicado al máximo que alcanzaron los Programas de Garantía Social. Su distribución es en aulas profesionales (centros) con 45.810 alumnos, talleres profesionales con 13.220 alumnos, talleres específicos (educación especial) con 2.829, además 13.056 alumnos de Cataluña y la Comunidad Valenciana están en acciones no distribuidas por programa, y quedan 212 alumnos en Programas de Garantía Social. Existe una polarización por familias similar a la de los ciclos formativos, dominando administración y gestión así como electricidad-electrónica, por lo que parece que vuelve a dominar la existencia de centros y profesores sobre las demandas del sector productivo. La Ley de economía sostenible hace que estos Programas sean considerados FP.
>> Las cualificaciones de nivel 2 y 3 conducen, respectivamente, a los títulos de formación profesional de técnico y de técnico superior, que se ordenan en ciclos formativos de grado medio y de grado superior y están regulados mediante el reciente Real Decreto 147/2011, de 29 de julio, de ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Los ciclos formativos de grado medio forman parte de la enseñanza secundaria posobligatoria y los ciclos formativos de grado superior forman parte de la educación superior del sistema educativo. Hasta la fecha el Consejo de Ministros ha aprobado un total de 101 títulos de formación profesional derivados de la Ley Orgánica de Educación, por lo que coexisten títulos LOE con títulos LOGSE (que contaba con un Catálogo de 142, algunos sustituidos, otros no, y unos terceros de incierto futuro).
Los ciclos formativos incluyen módulos profesionales asociados a unidades de competencia del CNCP y el módulo de Formación en centros de trabajo para completar la competencia profesional propia del título. Además incorpora el módulo de Formación y orientación laboral y el módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. El módulo de Proyecto es sólo para ciclos formativos de grado superior. Por último, y de forma heterogénea, pueden incluir otros módulos profesionales no asociados a las unidades de competencia, de incierto origen y función.
La posibilidad de establecer currículos diferentes en las distintas comunidades autónomas, con distribución del 45% del tiempo del ciclo, otorga una heterogeneidad poco estudiada en sus efectos respecto a la movilidad de los estudiantes y otros. Así mismo, la proporción de alumnos que cursan formación profesional es muy diferente en las distintas comunidades autónomas. En general, con relación directa: a más proporción de FP, mayores tasas de empleo.
El curso académico 2011/12 se cifra en 610.860 alumnos, lo que supone un incremento de 32.286 alumnos respecto del curso anterior. No obstante, en el curso 2009/2010 el número de alumnos matriculados en el primer curso de Bachillerato era de 319.457, frente a 172.972 que lo estaban en el primer curso de ciclos formativos de grado medio. Para el conjunto de España, el 64,8% de alumnos que finalizan su escolaridad obligatoria optan por el bachillerato, frente al 35,2% que lo hacen por formación profesional, lo que supone estar a 23 puntos de distancia de las cifras promedio de la UE27, en la que el 58% de los alumnos siguen estudios de Formación Profesional, del mismo nivel que el grado medio, al término de la escolaridad obligatoria.
El modelo adoptado por la FP es poco transparente con el CNCP, y la relación entre unidades de competencia de las cualificaciones y los módulos profesionales del título (Anexo V A y B) adopta diversas formas 1:2, 2:1, 1:3, lo que ha sido fuente de discusiones en el Consejo General de FP debido a la poca permeabilidad con los certificados de profesionalidad, lo que dificulta el carácter integrado de la FP del SNCFP. En general los nuevos títulos han buscado actualizar los existentes en la LOGSE para renovar la oferta formativa en los centros, siendo pocos los títulos innovadores que se benefician del CNCP. En otros casos se suman varios títulos LOGSE para llegar a uno LOE en aras de la polivalencia.
>> La formación profesional para el empleo es una de las políticas activas del Sistema Nacional de Empleo a la par que una oferta formativa del SNCFP. Nacida mediante el Real Decreto 395/2007, es definida en el artículo 26 de la Ley 56/2003, de Empleo, en la redacción dada por Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, como «el subsistema de formación profesional para el empleo está constituido por un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que pretenden, a través de la formación de los trabajadores y de la acreditación de su cualificación, dar respuesta a sus necesidades personales y profesionales de inserción y reinserción en el sistema productivo y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas».
El Real Decreto 34/2008 regula los Certificados de Profesionalidad, modificado por Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, establece, con carácter general, que cada certificado acreditará una de las cualificaciones profesionales del CNCP, a la par que establece los mecanismos para que pueda haber una oferta formativa para los trabajadores y desempleados acorde con sus posibilidades temporales organizando unidades formativas de corta duración a partir de los módulos formativos del Catálogo Modular de Formación Profesional, en los que el INCUAL coopera en su elaboración de acuerdo con la norma citada.
Hasta la fecha un conjunto de 369 certificados de profesionalidad han sido establecidos por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración. En noviembre de 2011 se aprobaron 131 certificados de profesionalidad tras un excesivo período de tramitación. El repertorio actual no solo actualiza el realizado en los años noventa, sino que lo innova y lo triplica.
Esta elevación de número no es todavía acorde con la aplicación, si bien ha habido un gran impulso en formación de oferta tanto de desempleados como de ocupados. La incertidumbre que caracteriza una formación basada en convocatorias, de gestión estatal o autonómica, de criterios diversos con una multiplicidad de formas, dominio de la distancia y sobreabundancia de formación transversal, ha hecho que no exista una red de centros para su implementación. Una apuesta por la formación para el empleo requiere inversión y una adecuada gestión y distribución de los fondos así como transparencia en los resultados, a fin de que haya un desarrollo de la FP Empleo de acuerdo con las necesidades sociales y productivas.
>> En cuanto al ámbito internacional y europeo, el periodo se caracteriza por una fuerte convergencia. La OCDE dio continuidad a la actividad sobre sistemas de cualificaciones con la de reconocimiento de aprendizajes no formales e informales (RNFIL) en el periodo 2005-2008, en el que se participó activamente aprendiendo de las diferentes formas en que cada país aplicaba y denominaba el proceso.
La Directiva 2005/36, de 7 de septiembre de 2005, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DOUE 30.9.2005), reguló la movilidad laboral en el espacio europeo, cuyo fundamento y efectos son profesionales. Se basa en las libertades de circulación, establecimiento y prestación de servicios, dentro del objetivo de un mercado único. Una «profesión regulada» es la actividad o conjunto de actividades profesionales para cuyo acceso, ejercicio o modalidad de ejercicio se exige, de manera directa o indirecta, estar en posesión de determinadas cualificaciones profesionales, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. Buena parte de las profesiones reguladas lo son por comportar riesgos para la salud o seguridad de las personas. La Directiva establece cinco niveles de cualificación. El reconocimiento de las cualificaciones profesionales por la autoridad competente española permite a la persona beneficiaria acceder a la misma profesión que aquella para la que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los mismos derechos que los nacionales españoles.
En su transposición no fue considerado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales si bien éste ha tratado todas y cada una de las cualificaciones establecidas en relación con el artículo 19.1, 19.2 y 19.3 del R.D. 1837/2008, al contar con «alto valor añadido» en el empleo. Los primeros frutos se han dado en normas como el Real Decreto 560/2010, en el que ya se sustituye el modo de obtención de carnets profesionales vinculados a la seguridad industrial por estar en posesión de un título o un certificado de profesionalidad, o tener reconocidas competencias relativas a cualificaciones profesionales donde se incorporen las específicas normas de seguridad. Así se encuentran, por ejemplo, instalador de baja tensión, de alta tensión o instalador de gas, entre otros. El informe europeo Solvit de 2010 ha puesto en evidencia que España es el país con más número de reclamaciones por la aplicación de esta Directiva. Se está en proceso de reformulación de la misma para aumentar la movilidad europea, hoy cifrada en un 4%, sobre todo en profesiones sanitarias.
> > En el contexto europeo destaca la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente, que pretende, a través de la definición de ocho niveles de cualificación, crear un marco común de referencia que sirva de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación, tanto para la educación general y superior como para la formación profesional, a fin de mejorar la transparencia, la comparabilidad y la transferibilidad de las cualificaciones de los ciudadanos expedidas por los diversos Estados miembros. En el modelo conceptual del Marco Europeo de Cualificaciones, a través de los trabajos conjuntos de 2005, para la definición de los niveles de cualificación y sus descriptores, influyó la configuración del CNCP (estructura y conceptos de cualificación, de competencia, de unidad de competencia, de módulo profesional, orientación según resultados/logros del aprendizaje, etc.). El Marco Nacional de Cualificaciones debía estar configurado desde 2010. Mi experiencia en el período 2009-2011 en los procesos de referencia de los marcos de cualificaciones de Inglaterra y Norte de Irlanda, así como de Portugal, al Marco Europeo, me han dado una perspectiva más amplia de lo que las cualificaciones son a cada país, cómo se desarrollan y se estructuran. Ese proceso está aún pendiente en nuestro país a pesar de contar con un Sistema Nacional.
El Sistema todavía no ha calado en las organizaciones productivas, ni suficientemente en la formación. El profesorado no ha recibido la formación necesaria para un enfoque basado en la competencia, y las actividades del Consejo General de Formación Profesional no son difundidas ni compartidas para un real cambio.
2009-2011
Fase de reconocimiento de competencias y cualificaciones. Se configura la crisis
El periodo 2009-2011 se ha caracterizado por numerosas modificaciones reglamentarias, a la par que un proceso de crisis progresivo, que ha dado un entramado jurídico muy complejo y de desconocida eficacia. Esta reforma de la reforma modifica todas las leyes y algunos de los reales decretos de reciente aprobación, mucho tiempo dedicado al manto de Penélope y poco a la aplicación, combinado con la puesta en escena de la crisis económica, con un aumento en el desempleo sin que las ofertas formativas dieran el apoyo a la situación:
- La LOCFP, modificada por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible y por la Ley Orgánica 4/20011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- La Ley 56/2003, de Empleo, que se vincula a la anterior para la formación laboral de ocupados y desempleados, recientemente modificada por el artículo 12 del Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que enlaza las titulaciones otorgadas por el sistema educativo con la Ley Orgánica de las Cualificaciones, también modificada por la Ley 4/2011 citada.
El CNCP finalizó por fin la publicación de lo elaborado y en diseño dando como resultado:
La experiencia del desarrollo del CNCP ha llevado a varias conclusiones poco predichas. Dominan en número las cualificaciones de nivel 3, lo que es acorde con la elevación del nivel de cualificación requerido por los sectores productivos y por la insuficiente formación de los llamados mandos intermedios, así como por la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación que hacen que el trabajo técnico, antes dominado por los niveles 2 sea ahora del ámbito del nivel 3. El lenguaje simbólico domina, así como el pensamiento abstracto y la necesidad del aprendizaje autodidacta.
Otra cuestión que habrá que reflexionar es sobre el tratamiento de las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida y su tensión con las competencias profesionales específicas. El uso de la competencia digital, las competencias en lenguas extranjeras o las competencias relacionales y sociales se hacen indispensables en un contexto global pleno de innovación y en constante cambio. Será esencial decidir sobre si la formación asociada a estas competencias debe configurar módulos concretos o si se encuentran incluidas en módulos asociados a unidades de competencia.
Además la definición de competencias que requieren un entorno real de trabajo para su adquisición, que conducen a la definición de módulos a realizar en la empresa (llamado FCT en el sistema educativo o prácticas no laborales en certificados de profesionalidad) debe ser un punto de ajuste para la relación escuela-empresa, y para la configuración del modelo de FP (tendencias a modelo dual, etc.).
- Una de las mayores esperanzas de aplicación del Sistema era el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación. Un turbulento proceso de elaboración en el seno del grupo de trabajo del Consejo General de FP condujo al Real Decreto 1224/2009, que establece las fases del procedimiento. El INCUAL ha preparado materiales como cuestionarios de autoevaluación y guías de evidencia para su aplicación en los procesos de evaluación y acreditación de las unidades de competencia del CNCP. El reconocimiento de las competencias profesionales se está desarrollando en determinadas comunidades autónomas con un proceso muy lento y escaso de convocatorias cuyo número de plazas es insuficiente para el total de inscritos. Además están concentradas en su mayoría en las cualificaciones profesionales de atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales/domicilio, y a la educación infantil. Por otra parte, ha sido necesaria la financiación de los ministerios de Educación y Trabajo para su puesta en marcha. La formación de asesores y evaluadores es también un proceso lento y desestructurado con grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Los ministerios realizaron una primera convocatoria con la financiación del Ministerio de Igualdad y el respaldo de la UNED, con pocas plazas. Por otra parte, existen las pruebas para la obtención de los títulos de FP. Se da así la simultaneidad de dos modelos de reconocimiento de aprendizajes no adquiridos por la formación profesional que llevan indirectamente a la acreditación de unidades de competencia: el de evaluación de competencias profesionales con acreditación de unidades de competencia del CNCP que son válidas para obtener un título o certificado de profesionalidad y el de pruebas de evaluación de contenidos de módulos profesionales del sistema educativo.
- El sistema de equivalencias, convalidaciones y correspondencias, previsto en el Programa Nacional como medida para la creación del sistema de cualificaciones, fue contemplado en la disposición adicional cuarta de la LOCFP, destinada a equivalencias, donde se reguló que el Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, debía fijar las equivalencias, convalidaciones, correspondencias y los efectos de ellas, entre los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad establecidos y los que se creen conforme a lo previsto en la Ley. A estas alturas es la unidad de competencia la moneda de cambio. Así, quienes tienen acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los módulos profesionales correspondientes según se establezca en la norma que regule cada título. Las unidades de competencia acreditadas por un certificado o una acreditación parcial acumulable, expedida por la Administración laboral competente, serán reconocidas por la Administración educativa y surtirán los efectos de convalidación del módulo o módulos profesionales correspondientes.
Por su parte, la acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de los módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de exención del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad asociados a dichas unidades de competencia. La Administración laboral expedirá el certificado a quienes lo soliciten y hayan obtenido la certificación académica que acredite la superación de todos los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia del certificado. Es decir, con parte de un título se puede acreditar un certificado de profesionalidad, pero con certificados de profesionalidad nunca se puede completar un título. Poco se sabe de la aplicación de estas disposiciones.
Además el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior ha aprobado el régimen de convalidaciones entre las enseñanzas de la educación superior: las universitarias, las de formación profesional y las de régimen especial. Su objetivo es facilitar que los estudiantes que hayan superado determinados estudios superiores puedan continuar su formación en otra enseñanza superior.
2012...
Fase de consolidación y mejora
Los datos de la EPA del tercer trimestre de 2011 indican una población activa de 23.134,6 personas, de las cuales 18.156,3 son ocupados (asalariados 15.179,4) y 4.978,3 parados. La tasa de actividad es 60,1, y la de paro de 21,5, vinculada al nivel de estudios alcanzados.
En estos veinticinco años ha mejorado notablemente el nivel educativo alcanzado por la población adulta española. El porcentaje de españoles que sólo poseen estudios obligatorios era del 48% en 2009, y el porcentaje con Educación Superior alcanza el 30%, igual que la media de la OCDE y más elevado que el de la UE (27%). Sin embargo, sólo un 22% de ciudadanos españoles han completado la segunda etapa de educación secundaria frente al 44% de la OCDE y un 48% de la UE. Hay países que alcanzan porcentajes elevados como Alemania (59%), Japón (56%) y Suecia (52%). El abandono educativo temprano supera el 28%, y son los jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la Educación Secundaria Segunda Etapa y no han seguido ningún tipo de estudio o formación. Es un porcentaje dos veces superior al de la media de la UE-27. Buena parte de él ha sido para entrar en un mercado de trabajo débil con gran riesgo de desempleo.
La Estrategia Europa 2020 ha conducido a una agenda de nuevas cualificaciones y empleos que se caracteriza por la elevación de los niveles de cualificación, con una previsión de una población activa necesaria en 2020 cuyo 16% esté compuesto por personas de baja cualificación, 50% por cualificaciones intermedias y 34% por alta cualificación. Nuestra población activa, de cintura estrecha, frente al perfil europeo de ancha cintura (ver gráfico) se caracteriza por contar con un 42,4% de baja cualificación. Los niveles medios de cualificación en nuestro país se sitúan en el 23,1% frente al 48,9% que tiene la UE, cifra que sería deseable alcanzar en España para el año 2020. Los 34,5% de alta cualificación ya han llegado a la expectativa 2020 y la fuga de cerebros está siendo una constante además del desempleo o la subutilización de las capacidades.
Durante el período analizado, las investigaciones sitúan la cualificación y la formación profesional en España en un doble contexto socioeconómico antagónico. Por un lado, hasta la mitad del 2008 se vivieron los últimos años de un largo ciclo expansivo de la economía, con una fuerte creación de empleo, la aparición de déficits de mano de obra cualificada en el mercado de trabajo y la llegada masiva de inmigrantes (de 241.971 en 1986, 0,62% de la población, a 5.730.667 en 2011, 12,2%). En este contexto la formación profesional se revalorizó como vía eficaz para la inserción laboral de los jóvenes y como estrategia de mejora de la competitividad y de la carrera profesional de la población ocupada.
Por otro lado, a partir de la segunda mitad del año 2008 hasta la actualidad el impacto de la crisis económica se ha cebado en el empleo, generando una situación de rápido e intenso incremento del paro, destrucción masiva del empleo, ralentización de la llegada de inmigrantes y ruptura de las expectativas de futuro para los próximos años. En esta situación la formación profesional aparece como una salvaguarda ante la pérdida de empleo y como una inversión para mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
Durante estos años se ha desarrollado el Sistema Nacional de las Cualificaciones y se ha llevado a cabo una importante reforma del sistema de formación que ha consolidado los sistemas autonómicos de formación, la integración de los subsistemas de formación ocupacional y de formación continua en un único sistema de formación para el empleo y otras reformas para ofrecer una segunda oportunidad a los jóvenes que han salido prematuramente del sistema educativo, con los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
Estos han sido los temas prioritarios durante el período que han centrado la actividad normativa y el debate entre los principales actores del sistema de formación, con especial incidencia del último año cuando la cantidad de legislación aprobada pero no aplicada es enorme, por lo que resulta difícil prever sus efectos.
El reto del sistema de formación profesional se concentra en su capacidad para ofrecer cuantitativa y cualitativamente los recursos humanos cualificados que el impulso del cambio del modelo productivo requiere, tanto en la formación inicial como en la formación para el empleo.
Además la relación cualificación-formación-empleo es diferente. En la media europea de los 27 miembros, por cada empleado con formación superior hay 1,8 empleados con formación media y 0,8 empleados con formación baja. En cambio en España por cada empleado con formación elevada, hay 0,7 con formación media y 1,2 con formación baja. Esa combinación del modelo de cualificación española seguramente está directamente relacionada con la estructura productiva de su economía y con los bajos niveles de productividad que se obtienen.
Un gran acuerdo debe hacer un ágil sistema de cualificaciones, basado en una reflexión compartida con los actores sobre el uso de descriptores, los niveles, la calidad, es decir, algo bien distinto a querer aprobar cosas por real decreto como si esa fuera la solución a los problemas.
Sirva el siguiente decálogo de retos y oportunidades del SNCFP como resumen:
1. Calidad: La investigación sobre las cuestiones claves relacionadas con la cualificación y formación profesional, que preocupan a los principales actores del sistema de formación, es escasa y en muy pocos casos se aportan datos e información que analicen los impactos de las medidas tomadas o abran nuevas perspectivas sobre las opciones y retos del sistema, que pueda ser utilizada para la toma de decisiones ante los grandes retos que afectan al sistema de cualificaciones y formación. Evaluar los resultados de la aplicación de diez años del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 2002-2011 con datos integrados de PCPI, FPR, FPE, formación continua en las empresas, a nivel de familia y cualificación, con indicadores acordes con los principios de garantía de calidad explicitados en el Marco Europeo de Calidad de la FP. Establecer el marco y los indicadores para la evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional previsto ya en la Ley Orgánica 5/2002 y en la Recomendación europea sobre garantía de calidad. Utilizar los recursos, humanos y financieros, de forma sostenible y eficiente.
Los resultados deben estar organizados alrededor de tres ejes (regional, sectorial e institucional) para integrar las dimensiones de la FP, y a cada uno se debe aplicar indicadores acordados. Los resultados de FP deben ser realizados a nivel sectorial, por familias profesionales, para la medida de la pertinencia de la formación respecto al empleo, tanto cualitativa como cuantitativamente.
Se debe retomar la encuesta ETEFIL 2005 en el estudio de la inserción laboral de los jóvenes con relación a los itinerarios seguidos dentro del sistema educativo y las transiciones entre el estudio y el trabajo (realizada por el INE a través del convenio con los Ministerios de Educación y Trabajo), para la medida del impacto de la formación profesional, en los distintos ámbitos de la educación y formación.
2. Pertinencia: Actualizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es hoy prioridad básica que debe tener en cuenta las lecciones aprendidas, y la agenda de nuevas cualificaciones y empleos de la UE. Una vez finalizada la primera versión del Catálogo, debe procederse a su actualización, ya que el período de cinco años pasó en las primeras en marzo de 2009. Pero deberá realizarse de forma más ágil y eliminando obstáculos innecesarios y dilatantes de carácter administrativo. Realizarlo de forma integrada con las ofertas formativas vinculadas de títulos y certificados de profesionalidad que doten de coherencia, realizados por un único organismo, con reducción de costes y aumento de la coherencia y calidad a la formación, a la par que constituya un sistema de cualificaciones sostenible, con mayor aprovechamiento de los recursos. La Ley de Economía Sostenible ha impuesto modificaciones al respecto.
Queda pendiente acometer los niveles 4 y 5 como tantas veces ha solicitado la CEOE, lo que ayudaría a una mejora de los estudios universitarios, en el marco del Proceso de Bolonia, pues ayudaría a definir las competencias específicas.
Habría que hacer un informe de resultados de las cualificaciones en términos de traducción a las ofertas formativas o a profesiones reguladas. Probablemente el futuro es de un catálogo de competencias, como está apuntando ESCO (a European classification of Skills, Competences and Occupations), una taxonomía de capacidades, competencias y ocupaciones europeas que describirán las habilidades, competencias y cualificaciones más relevantes necesarias para miles de ocupaciones, que estará disponible en todas las lenguas de la Unión Europea .
La pertinencia también implica un cambio de la oferta formativa haciéndola más ajustada a los sectores productivos, ya que se encuentran muy polarizadas en pocas familias.
3. Gobernanza y articulación: Impulsar el Sistema Nacional de Cualificaciones con un gran pacto entre los actores y con acciones que mejoren su gobernanza para lograr el objetivo central de articular las diferentes cualificaciones existentes en España, las estructuras formativas y los modos de acreditación para favorecer el desarrollo profesional y social de las personas y satisfacer las necesidades del sistema productivo. Mejorar, por tanto, el modelo de formación profesional aprendiendo de modelos de éxito, así como la relación entre los títulos de formación profesional inicial y los certificados de profesionalidad de la formación para el empleo en sus efectos de reconocimiento, acreditación y equivalencias.
Promover un programa/estrategia nacional de cualificaciones y formación profesional en el que participen todos los actores, tanto los ministerios sectoriales de la AGE como los autonómicos, así como las organizaciones empresariales y sindicales, de forma consensuada, con definición de responsabilidades, medidas y tiempos.
4. Reconocimiento: Aplicar, con un procedimiento común, el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por vías no formales o experiencia laboral mediante la evaluación y acreditación de las unidades de competencia del CNCP.
5. Centros: Desarrollar una amplia red de centros aplicando criterios de calidad comunes a centros que impartan la oferta formativa del sistema educativo y del sistema de empleo. Completar y poner en funcionamiento real la Red de Centros de Referencia Nacional, ya calificados poniéndolos en funcionamiento real. Sectorialmente está prevista la colaboración de estos centros en la actualización de las cualificaciones por familias profesionales. Ampliar el número, la cobertura y la titularidad de los Centros Integrados de Formación Profesional, tanto públicos como privados, cuyo objetivo central es desarrollar acciones formativas referidas al CNCP vinculados a las empresas y rentabilizar los esfuerzos a la par que asegurar la calidad. Definir los sistemas de gestión de calidad en centros públicos y privados del sistema educativo y de la formación para el empleo: establecer criterios acordados para su homologación, espacios, equipamiento, profesores, procedimientos. Hacer redes con transferencia de innovación.
6. Formación: Avanzar en la reorganización de la formación para el empleo para que sea una de las políticas activas de empleo con más fuerza en la salida de la crisis económica y en la lucha contra el desempleo, realizando acciones no solo financieras, sino inteligentes impulsando su calidad y acreditación como certificados de profesionalidad. Para ello se debe, además de la configuración de un nuevo modelo, regular y aplicar la evaluación de las capacidades y competencias de los que aprenden; en suma, los resultados de la formación.
Desarrollar tanto competencias profesionales como competencias clave, competencias digitales y lingüísticas, a la formación profesional. Abrir la formación profesional del sistema educativo y laboral para todos, impulsando formación en régimen nocturno para trabajadores, en modalidades distancia, on-line, uso de plataformas Moodle y fomento de competencias de aprender a aprender. Propiciar que en la TV pública no exista doblaje de las películas, ofreciéndolas en versión original subtitulada para conseguir las competencias lingüisticas clave para construir la profesionalidad.
Es decir, en una estrategia de formación a lo largo de la vida, pero sostenible, con medición de resultados en alumnos. Los tutores deben estar formados para ello y las plataformas, autorizadas. Hay legislación pero sin poner en práctica. Otras posibles medidas son promover la concesión de préstamos para la educación y la formación en momento de crisis, como se hace en otros países europeos; controlar la cofinanciación del Fondo Social Europeo; potenciar la integración de la formación en los centros, para rentabilizar recursos, eliminando trabas administrativas de acuerdo con las directrices europeas; analizar el diseño y la futura aplicación del Fondo de Capitalización previsto en la Ley 35/2010, que incluye entre los objetivos de su creación la financiación de acciones formativas y el seguimiento del fondo de reserva establecido en el Real Decreto Ley 3/2011, de Reforma de las Políticas Activas de Empleo, que pretende atender situaciones futuras con relación a las políticas de empleo, y que tendrá, entre otras fuentes, el saldo de mayor recaudación de la cuota de formación profesional para el empleo, que se destinará a formación profesional para el empleo.
7. Formadores: La innovación de las cualificaciones del CNCP se puede ver mermada en su aplicación en las ofertas formativas vinculadas, títulos y certificados de profesionalidad si el profesorado no posee las competencias técnicas, metodológicas, relacionales y personales necesarias (el saber, saber hacer, saber estar y saber ser profesional). El recurso a la formación en la Universidad a menudo ni siquiera es posible, pues hay familias que no tienen parangón en la misma (imagen personal, madera y mueble, artes gráficas, por ejemplo) y cuando la tienen no se ocupan de las profesiones propias de la FP. Por ello es esencial la formación del profesorado en empresas tanto del ámbito nacional como extranjero. En ese sentido, hay comunidades autónomas que realizan convocatorias, pero la atomización de la naturaleza del profesorado daría mayor solución si hubiera iniciativas de carácter estatal con organizaciones empresariales. La mera tutorización de alumnos de FCT ya supone para muchos profesores un importante proceso de reciclaje profesional.
Potenciar y formar a los profesores y formadores para su adaptación al sistema integrado de formación profesional y a las nuevas cualificaciones para las que su proceso de enseñanza-aprendizaje puede llevar a la adquisición de competencias por los alumnos. Acometer en profundidad la formación basada en competencias para el conjunto de actores de la formación, y las estrategias metodológicas asociadas, tanto de formación por proyectos, en el puesto de trabajo o constructivistas de aprendizaje son clave de éxito, como demuestran países como Finlandia. Por tanto, esta medida debe ser aplicada no solo en los profesores y formadores de FP, con especial incidencia de los tutores de la empresa para el módulo de FCT o prácticas profesionales no laborales, sino en la educación general para disminuir el abandono escolar y dar soporte a la FP.
Revisar el máster del profesorado y analizar la aplicabilidad de la Orden EDU/2645/2011 , de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para las personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster.
8. Aproximarnos a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en sus indicadores para la educación y la formación, a fin de conseguir un crecimiento inteligente. Un mercado laboral que funcione mejor y una mano de obra más cualificada, capaz de contribuir al cambio tecnológico y adaptarse a él asumiendo nuevas pautas de organización del trabajo. Es un desafío por la rapidez con que cambian las competencias necesarias y los desfases constantes de cualificaciones en el mercado de trabajo. La inversión en educación y formación, la previsión de las cualificaciones que van a necesitarse y los servicios de orientación son los ejes para aumentar la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y, por último, el empleo. Entre ellos destaca el objetivo de lograr una tasa de empleo del 75% respecto a mujeres y hombres entre 20 y 64 años de edad: un compromiso ambicioso en aras de la sostenibilidad del modelo social europeo y de los sistemas de bienestar, del crecimiento económico y de las finanzas públicas. Además la UE se ha comprometido a mejorar los niveles educativos con la meta de conseguir en 2020 una reducción del abandono escolar a un máximo del 10%, y un aumento de la proporción de estudiantes que completan el ciclo terciario de sus estudios, o un nivel equivalente, a un mínimo del 40%. Para ello son fundamentales los Programas de Cualificación Profesional Inicial así como los contratos para la formación y el aprendizaje (antes contratos formativos).
Una mayor calidad del empleo y unas mejores condiciones de trabajo, teniendo en cuenta que la vida laboral hoy en día se caracteriza por un mayor número de transiciones entre empleos más intensos y difíciles y nuevas formas de organización del trabajo. Unas políticas más sólidas para promover la creación de empleo y la demanda de mano de obra.
9. Marco Europeo: Crear el Marco Nacional de Cualificaciones de España y realizar de forma transparente y compartida el proceso de referencia al marco europeo de cualificaciones. Aplicar las diferentes herramientas y principios comunes europeos, como Europas, designar un centro nacional responsable de coordinar las relaciones entre el marco nacional y el marco europeo, que sea eficaz y efectivo, con designación transparente. España debe crear las condiciones necesarias y adoptar medidas para que a partir de 2012, de conformidad con la legislación y sobre la base de ensayos, sea posible que el sistema de transferencia de créditos (ECVET) pueda ir aplicándose gradualmente a las cualificaciones de FP en todos los niveles del EQF y utilizarse a efectos de la transferencia, el reconocimiento y la acumulación de los resultados de aprendizaje individuales obtenidos en un contexto formal y, cuando proceda, no formal e informal. No hay estudio ni iniciativa conocida al respecto.
10. Información y orientación profesional: Poner en marcha los servicios que requiere el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, realizando la prometida plataforma donde se ofrezca de forma integrada, tanto sectorial como territorialmente, la información vinculada al Sistema. Difundir la información, mediante publicaciones, páginas web, foros, ferias de FP; corregir los errores y crear el futuro. En las funciones de orientar-formar-emplear de los Servicios Públicos de Empleo se debe potenciar el uso de las cualificaciones como herramienta de intermediación laboral, y para la orientación tanto hacia el reconocimiento de competencias profesionales como de la formación.
En síntesis, un modelo de futuro para la cualificación de los profesionales en España debe atender a los siguientes principios:
- 1. PERTINENCIA: Cualificaciones pertinentes para los sectores productivos basadas en competencias.
- 2. TRANSPARENCIA: Uso de lenguaje común, familias profesionales, unidades de competencia, módulos para un aprendizaje a lo largo de la vida.
- 3. INNOVACIÓN: Cualificaciones para la renovación de la oferta formativa de títulos y certificados de profesionalidad.
- 4. EMPLEABILIDAD: Motor de la innovación de las políticas de empleo.
- 5. RENTABILIDAD: Integración de oferta formativa a través de UC de CNCP.
- 6. RECONOCIMIENTO de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación.
- 7. COHESIÓN SOCIAL: Atención a bajas cualificaciones (PCPI, contrato de formación y aprendizaje).
- 8. TRANSFERIBILIDAD: Convalidación FP-Universidad, títulos FP-certificados de profesionalidad, ECVET.
- 9. CALIDAD: estandarización, inserción laboral de los egresados.
- 10. MOVILIDAD geográfica, marco nacional de cualificaciones, uso funcional en la negociación colectiva, europea, de profesiones reguladas.