Artículo realizado por: Teresa Muñoz Rodríguez.  Secretaria Confederal de Formación de la Unión General de Trabajadores y Presidenta de IFES.

Antecedentes

En España los fondos de formación continua y ocupacional provienen esencialmente de la cuota de formación profesional, el 0,7% de la masa salarial, pagada por empresarios y por trabajadores. La recaudación se realiza a través de la Seguridad Social, siendo el SPEE el organismo al que compete su distribución. La formación dirigida a desempleados se hace directamente a las comunidades autónomas, que han asumido casi en su totalidad las transferencias de competencias laborales. En el caso de la formación para trabajadores ocupados, los fondos son transferidos a la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo (FTFE), constituida por la Administración central y las organizaciones empresariales y sindicales representativas a escala de Estado. En los últimos tiempos, dada la alta tasa de desempleo, la FTFE también gestiona, dentro de los planes para trabajadores ocupados, un porcentaje dirigido a desempleados, así como acciones estratégicas y extraordinarias como el Programa de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de de 30 años.

Desde el año 1993 el sistema de formación continua está basado y regulado a través de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, renovados en los años 1996, 2000 y 2006. Los IV Acuerdos, uno de carácter bipartito suscrito entre las organizaciones sindicales y empresariales, y otro de carácter tripartito suscrito por aquellas y el Gobierno de la nación, siguen vigentes, habiéndose prorrogado a partir de 2010 el Acuerdo bipartito (confederaciones sindicales y empresariales), dado que el Acuerdo tripartito es una norma de carácter general, nacida del diálogo social, de aplicación obligatoria en todo el territorio español y con vigencia legislativa en tanto no tengamos otra que la sustituya.

Durante la vigencia de los IV Acuerdos Nacionales se han producido algunos hechos de relevancia. En primer lugar, la aprobación del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, unificando en un mismo marco normativo las antiguas formación ocupacional y continua.

En segundo lugar, las sentencias del Tribunal Supremo con relación a los recursos de USO, en la que se insta a eliminar la restricción de conceder fondos de formación para el empleo a los sindicatos más representativos. Esta sentencia ha sido recurrida por UGT, por lo que no es firme. Quedan, además, pendientes las sentencias del Constitucional a los recursos de las Comunidades de Cataluña, Galicia y Madrid al Real Decreto 395/2007, que podrían incidir directamente sobre los futuros acuerdos, y que previsiblemente declararán que las modalidades que se desarrollan en el ámbito territorial de una comunidad autónoma deben organizarse y gestionarse en ese ámbito, sin que el Estado pueda imponer las fórmulas para hacerlo.

En tercer lugar, la Ley de Economía Sostenible dedica el capítulo 8 a la formación profesional como herramienta clave para la mejora del capital humano. Si bien está centrada en la descripción de medidas de mejora de la FP del sistema educativo, adoleciendo de atención a la formación para el empleo, aparece claramente definida la posibilidad de que los centros de FP del sistema educativo puedan recibir fondos de formación profesional para el empleo, tanto para impartir acciones formativas para trabajadores ocupados o desempleados, como para inversiones en instalaciones o construcción.

Estos cuatro acontecimientos, junto a la prórroga de los IV Acuerdos, obligan a definir una alternativa, viable y estable, en la que está claro que tenemos un nuevo agente en el sistema, los centros de FP del sistema educativo, y un mayor protagonismo de las comunidades autónomas.

La Unión General de Trabajadores ha participado en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua desde sus orígenes y, en consecuencia, en el diseño y la planificación a través de los órganos de gestión (FORCEM y FTFE), así como en la solicitud, ejecución y justificación de presupuestos con cargo a las distintas convocatorias. De modo paralelo los distintos organismos de UGT han participado en la gestión de fondos de formación ocupacional en las comunidades autónomas, a medida que han sido transferidos a las mismas. Finalmente la UGT ha recibido subvenciones o fondos para realizar estudios y proyectos, así como para participar en actividades relacionadas con la formación (Observatorios, Servicios de Orientación para el Empleo, etc.).

Es previsible que los próximos Acuerdos modifiquen el modelo actual de relación de los agentes sociales en el sistema de Formación para el Empleo, lo que tendría, sin duda, un importante efecto sobre la UGT y sus instituciones para la formación, como es el caso de IFES.

Balance

Balance de la formación para el empleo

Desde los primeros Acuerdos de Formación Continua hasta la actualidad, los trabajadores usuarios de la formación ocupacional y continua, hasta 2007, y de la formación para el empleo posteriormente, han aumentado de modo notable, pasando de 294.000 trabajadores participantes en el año 1993, a una cifra próxima a los 5.000.000 en el año 2010.

Este salto cualitativo probablemente se mantendrá en próximos años, con una previsión de llegar a los 6.000.000 de trabajadores en 2012. La tendencia al aumento es coherente con la necesidad creciente de trabajadores y empresas de actualizar las competencias profesionales y adquirir otras nuevas en caso de cambio de sector productivo.

No obstante, existen también puntos débiles en el desarrollo de la formación para el empleo:

• Si bien las cifras de bonificación están en aumento, habiéndose pasado de 596.506 trabajadores en 2004, a 2.113.754 en 2010, se detecta una escasa participación de las empresas de pequeño y mediano tamaño, en particular las de menos de 10 trabajadores. En 2010 han participado en el sistema de bonificación un total de 380.548 empresas, lo que supone una tasa global de participación del 24,6%. De ellas, unas 4.000 (el 89,7%) son grandes empresas (más de 249 trabajadores); unas 98.000 (el 52,8%) son medianas (10 a 249 trabajadores); y unas 279.000 (el 20,5%) son micropymes (1 a 9 trabajadores). Existe por tanto un gran potencial de aumento en la participación de empresas medianas y micropymes, aunque requiere de medidas específicas para estimularlo.

   

• En cuanto a las modalidades formativas, durante estos años la teleformación y la formación a distancia han adquirido una mayor relevancia. En 2010 el 57% de los participantes se formaron a través de la modalidad presencial, que continúa perdiendo protagonismo respecto al resto de modalidades, y muy especialmente frente al e-learning, que se ha incrementado hasta el 11,6%, alcanzando en la formación de oferta el 21% de los participantes formados.

   

• La duración media en horas de las acciones formativas en las distintas modalidades nos indica que la formación no presencial duplica y hasta triplica las horas de la presencial. Las acciones presenciales en la formación de oferta tienen una duración media de 34 horas, mientras que las de distancia pura alcanzan las 112 horas, las mixtas 85 horas y las de teleformación 92 horas.

   

• Los contenidos formativos se concentran en torno a un reducido número de temas, con un marcado carácter transversal (el 25% de la formación se concentra en prevención de riesgos laborales y la gestión de recursos humanos). Algunas de las causas que pueden explicarlo son la inercia en el funcionamiento de los distintos actores, insuficientes orientaciones específicas de los planes de referencia sectorial, y el mayor coste de diseño y ejecución de los cursos específicos o sectoriales (instalaciones, materiales, profesorado, etc.).

   

• En cuanto al perfil laboral, cabe destacar la concentración de participantes entre los trabajadores cualificados, el área funcional de los trabajadores de producción y de los trabajadores que pertenecen al Régimen General de cotización.

En consecuencia, parece claro que en los próximos acuerdos es necesario establecer medidas para:

• Favorecer el aumento de la cifra de trabajadores participantes en el sistema, especialmente estableciendo estímulos y facilidades para los que no han entrado hasta ahora en acciones formativas.

   

• Asegurar que las nuevas tecnologías se implanten en la formación de trabajadores en condiciones de calidad. La formación a distancia tradicional debe dejar paso a la teleformación como modalidad más adecuada para el aprendizaje, en combinación con una parte presencial cuando sea aconsejable.

   

• Evitar la concentración de los contenidos formativos en temas de carácter transversal, salvo en planes intersectoriales. Los Planes de Referencia Sectoriales deben ser estructurados conforme a acciones específicas de carácter sectorial, acordes con las necesidades de cualificación del sector productivo.

   

• Implantar los itinerarios formativos vinculados al Catálogo Nacional de las Cualificaciones, para el desarrollo de la carrera profesional.

   

• Reforzar la participación de los trabajadores no cualificados, estableciendo medidas específicas para los trabajadores de pymes según modalidades de teleformación.

Perspectivas

Perspectivas de la formación para el empleo

De modo cada vez más claro, las competencias profesionales evolucionan, convergen, divergen o quedan obsoletas, y nuevas competencias surgen a partir del desarrollo tecnológico. En paralelo, la actual crisis económica se traduce en una reducción brutal de las disponibilidades de puestos de trabajo, con una mayor competencia para conseguir nuevos empleos, en lo que tienen ventaja los trabajadores más cualificados. Por otra parte, la esperada recuperación económica se realizará sin duda con una importante reestructuración de los sectores productivos, y aparición de nuevos trabajos para los que será necesario disponer de nuevas competencias profesionales, sociales y personales.

A fin de mantener la cohesión y la igualdad social, se hace necesario activar tanto la formación inicial como la actualización de las competencias de las personas en general, y de los trabajadores en particular, proporcionándoles una base que permita la adaptación a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo. De acuerdo con las previsiones del CEDEFOP, para 2020 las necesidades en mano de obra no cualificada van a disminuir del 22% actual al 15%, mientras que las de cualificación alta subirán del 28% actual al 35%, al tiempo que se mantienen las de cualificación media, en un 50%.

Todas las naciones industrializadas afrontan problemas similares. La formación permanente, como línea estratégica europea, afronta un problema grave en los recursos humanos: se admite que en la UE existen 80 millones de trabajadores de baja cualificación, con riesgo de exclusión del mercado de trabajo.

En España, según la Encuesta de Población Activa (2010, 2ºT), existen 13.459.400 trabajadores (el 58,2%) que no han recibido preparación específica para el desempeño de un puesto de trabajo, aunque están en condiciones de realizar satisfactoriamente una actividad profesional.

Para la UGT la formación no es la solución inmediata al problema del desempleo, pero sí una herramienta fundamental para ayudar al mantenimiento del puesto de trabajo o para conseguir uno nuevo, especialmente en un sector productivo distinto del de origen. En particular es necesario reforzar y coordinar las distintas vías de adquisición de competencias profesionales, tanto la formación reglada como la no formal. Para nosotros resulta necesario dejar claro que las medidas tendentes a reforzar el sistema de formación profesional deben entenderse en sentido amplio, abarcando a los subsistemas de la formación profesional reglada y de la formación profesional para el empleo. En España la Ley de Economía Sostenible anticipa cambios estructurales en los ámbitos educativos y formativos, necesarios para afrontar con éxito la recuperación económica.

En el ámbito del sistema educativo se establece que los centros públicos que ofrezcan de forma integrada enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y para el empleo podrán acceder a los recursos presupuestarios destinados a financiar las acciones formativas para el empleo, así como las inversiones dirigidas a la construcción y adquisición de instalaciones y equipamientos. En opinión de la UGT, esto no debe suponer la renuncia de hecho a desarrollar la Red de Centros Integrados.

También en el sistema educativo resulta imprescindible incorporar las nuevas tecnologías a las distintas formas de enseñanza, dado que generan simultáneamente nuevos métodos pedagógicos y nuevos procedimientos para la formación. En particular, el impulso de la formación profesional a través de teleformación puede ser una herramienta fundamental para acompañar a la acreditación de competencias, ofertando tanto ciclos de Grado Medio y Superior como formación parcial para obtener las unidades de competencia que falten para obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad.

En el ámbito de la Formación para el Empleo son necesarias, también, tanto medidas para mejorarla como para potenciar la integración con los distintos niveles educativos. Se trata de un subsistema que se dirige específicamente al colectivo de trabajadores, ocupados o desempleados, que necesitan atención específica para aumentar su nivel de cualificación.

En opinión de la UGT, es preciso:

a) Establecer un sistema administrativo común para la ordenación y gestión de los subsistemas de la formación profesional, superando el diferente enfoque de los ministerios de Educación y Trabajo en esta materia, uno de los obstáculos que han frenado el desarrollo de la integración de los subsistemas de formación profesional, ya acordado en la Ley 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. España carece de una política unificada de formación profesional, a pesar de los numerosos intentos que al respecto se han realizado, particularmente desde la creación en 1986 del Consejo General de Formación Profesional. En la base de esta falta de coherencia se encuentra la falta de un organismo que asuma todas las competencias en la ordenación de la formación profesional, con rango suficiente para coordinar a las comunidades autónomas (conferencias sectoriales de Educación y de Trabajo) y a los ministerios afectados, apoyándose en el Consejo General de Formación Profesional.

b) Acercar la formación profesional a las necesidades de empresas y trabajadores: 

• Adecuando el Mapa de Títulos y Certificados a las cualificaciones de los sectores que conformarán el sistema productivo a la salida de la crisis.
• Estableciendo mecanismos de compatibilidad que permitan a los alumnos de ciclos de FP, especialmente de Grado Superior, trabajar a tiempo parcial, al tiempo que completan su formación reglada.

c) Potenciar la reincorporación de personas adultas al Sistema de Formación Profesional mediante el establecimiento de un sistema de Reconocimiento de Competencias Clave para la reincorporación a la ESO o a la formación profesional, y permitir el acceso a certificados de niveles 2 y 3.

d) Generalizar las convocatorias para Reconocimiento de los Aprendizajes no formales e informales, en particular de la experiencia laboral:

• Elaborando en el Consejo General de Formación Profesional un calendario y prioridades, acordado con las comunidades autónomas y considerando las aportaciones de los agentes sociales.
• Estimulando la utilización de los Permisos Individuales de Formación con este fin.
• Poniendo en marcha el Sistema Integrado de Información y Orientación Profesional.
• Facilitando las convocatorias para plantillas de empresas, en particular las afectadas por expedientes de regulación de empleo.

e) Promover la formación para el empleo vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones, dentro de los planes de oferta, ofertando unidades de competencia o certificados de profesionalidad; en casas de oficios (ofertando cualificaciones de nivel 1 para adultos); y en escuelas taller (ofertando cualificaciones de niveles 1 y 2, para jóvenes)

Políticas de formación

Integración de las políticas de formación profesional en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida

La Unión General de Trabajadores ha participado en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua desde sus orígenes, en 1993. De cara a la renovación del vigente Acuerdo para el período 2012-2015, la UGT hace hincapié, entre otras medidas, en la necesidad de coordinar los distintos subsectores de formación profesional entre sí y con las políticas del Gobierno para fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida.

El Consejo de Ministros del 18 de noviembre de 2011 recibió un informe del ministro de Educación sobre el Aprendizaje Permanente en España. Nuevas oportunidades para aprender, en el que se planteaba ir a una actuación integrada, global, mediante el Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente 2012-2014, para llegar a una parte significativa de la población que tiene baja o nula cualificación, y dotarla de medios para ejercer la ciudadanía activa y para permitir su desarrollo personal y profesional, abriéndoles puertas para la incorporación al mercado laboral.

La dirección unificada para la Formación Profesional Reglada y la Formación Profesional para el Empleo debería trabajar en consonancia con las políticas de Aprendizaje a lo largo de la vida del Gobierno, y establecer acciones comunes a toda la Administración, previstas en el Plan de Acción para el Aprendizaje Permanente 2012-2014, para:

• Establecer un punto central de información sobre nuevas oportunidades, telefónico y telemático, al que los jóvenes y las personas adultas puedan dirigirse telefónicamente y vía web, en el que se ofrecerá información inicial sobre las ofertas para quienes deseen realizar actividades de educación y formación, o participar en el procedimiento de reconocimiento de competencias. Este punto central de información estará vinculado a una base de datos de centros de orientación e instituciones que ofertan formación permanente, y con enlaces a las plataformas de información y orientación dependientes de diversas Administraciones, agentes sociales u otras entidades.
• Constituir una red de centros de nuevas oportunidades, especializados en la atención a adultos, de la que podrían formar parte los centros de educación de personas adultas, los centros integrados y los centros de referencia nacional. Esta red debe ser un polo de atracción para la población que no posee ninguna cualificación reconocida, es decir, para 12.881.100 personas mayores de 16 años, el 33,5% del total, que, según la Encuesta de Población Activa 2010 (2ºT), no han obtenido el Título de Educación Secundaria Obligatoria. Su objetivo primordial será que puedan solicitar el reconocimiento de competencias profesionales de nivel 1, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1224/2009, de Reconocimiento de Competencias adquiridas por la Experiencia Laboral, y solicitar el reconocimiento de competencias clave.

Sin duda la actuación del Gobierno con una orientación de integración de la Formación Profesional daría lugar a una optimización de los recursos disponibles en los Ministerios de Educación y Trabajo, y en la adecuación a las necesidades de las empresas y de los trabajadores, preparando una salida de la crisis con unas actividades productivas y un mercado laboral distinto del que nos ha conducido a la misma.

Reconocimiento a IFES

A lo largo de estos años, en todos los acuerdos suscritos en materia formativa, siempre nos ha acompañado nuestro instrumento confederal formativo, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). Con él la UGT ha podido recorrer una larga senda, que dura ya 25 años, de participación activa en la formación para el empleo.

IFES ha sabido adelantarse y adaptarse con rapidez y suficiencia a las distintas normativas, derivadas de los cambios en las necesidades formativas y en los modelos de gestión acordados entre Administración, sindicatos y empresarios.

En este año celebramos el 25 aniversario. En los tiempos que corren es un verdadero logro del que se tienen que sentir orgullosos sus trabajadoras y trabajadores. Gracias a todos ellos, excelentes profesionales, nuestra organización cuenta con un instrumento puntero para la gestión de la formación para el empleo en que participa la UGT.