Evolución

Evolución del sistema de formación para el empleo. Aspectos más destacables

La Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (junio de 2002) regula el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la formación profesional y a la cualificación que proporciona esta formación, que ha de servir tanto a los fines de la elevación y el nivel de la calidad de vida de las personas como a los de la cohesión económica y social y del fomento del empleo.

La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.

Las principales innovaciones de dicha Ley han en la apertura de un espacio para la formación para el empleo en el marco de la formación profesional, así como la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional en España, lo que dota de unidad, coherencia y eficacia al sistema de la formación orientada al empleo. Igualmente, hay que considerar innovación el objetivo de integración de los distintos subsistemas de formación y sus distintas formas de certificación-acreditación de las competencias y de las cualificaciones profesionales, fomentando con ello la formación a lo largo de la vida, e instrumentando el reconocimiento y la acreditación de las cualificaciones profesionales.

Con anterioridad a la Ley, y desde el año 1993, la formación y el reciclaje profesional de los trabajadores ocupados se había venido realizando al amparo de la normativa del Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP y formación ocupacional) y los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, suscritos entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y entre éstas y el Gobierno, como verdaderos instrumentos innovadores que dieron con luces y sombras un importante impulso a la formación de los trabajadores de nuestro país.

Estos Acuerdos se han caracterizado siempre por el protagonismo de los agentes sociales en el diseño y la implantación de la formación continua. También han permitido dotar de recursos financieros a las empresas y sus trabajadores y consolidar un modelo basado en la concertación social y en el desarrollo de instituciones paritarias sectoriales y territoriales.

A partir del año 2003, a través del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, se procedió a revisar el sistema y a introducir determinados ajustes y mejoras derivadas de las sentencias del Tribunal Constitucional 95/2002, de 25 de abril, y 190/2002, de 17 de octubre, sobre la delimitación de los supuestos en los que la gestión o ejecución de las acciones formativas correspondería al Estado o a las comunidades autónomas; la publicación de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y Formación Profesional; y la necesidad de que las ayudas de formación continua se extiendan al mayor número de empresas, especialmente a las pymes, que constituyen la mayor parte de nuestro tejido productivo.

En 2007, mediante la promulgación del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, fruto del acuerdo suscrito en febrero de 2006 por el Gobierno y los agentes sociales (CC.OO., UGT, CEPYME y CEOE), se sientan las bases del actual modelo de formación profesional para el empleo, con elementos innovadores para impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades y contribuya a desarrollar una economía basada en el conocimiento.

También introduce importantes modificaciones como la unión, en un sistema de formación denominado de formación para el empleo, de la antigua formación ocupacional junto con la formación profesional continua que se derivaba de los acuerdos entre agentes sociales. También se procede a fijar su régimen de funcionamiento y financiación así como su estructura organizativa y de participación institucional.

En resumen, se ha producido un cambio profundo en el sistema de formación profesional que ha llevado a un nuevo modelo de formación para el empleo que, si cumple realmente con sus fines, permitirá alcanzar los objetivos que sus impulsores diseñaron:

• Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal.
• Proporcionar los conocimientos y las prácticas adecuadas a las competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas.
• Contribuir a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas.
• Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de quienes tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.
• Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores tanto a través de procesos formativos (formales y no formales) como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación.

Novedades

¿Un nuevo impulso a la formación profesional?

Con todo, no basta articular un nuevo modelo; hace falta además, para que los cambios en los sistemas y procedimientos antes enunciados sean reales, el impulso de políticas y el compromiso político de las Administraciones tanto estatales como autonómicas. El Gobierno se ha comprometido a fomentar este nuevo modelo de formación profesional poniendo en marcha un plan que recoge una serie de medidas agrupadas en un documento denominación de "hoja de ruta" para el desarrollo de la formación profesional.

En palabras de los ministros de Educación y Trabajo, «se trata de elaborar un plan para impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico basado en el conocimiento, que asegure un desarrollo económico sostenible y un creciente bienestar y cohesión social».

No cabe duda de que el hundimiento del modelo de crecimiento económico basado en el ladrillo, la baja productividad y la utilización de abundante mano de obra poco cualificada e inmigrante, ha obligado al Gobierno a acelerar y prestar más atención a la formación como instrumento de cualificación y mejora de la empleabilidad. Si el modelo no vale y el que realmente genera valor añadido y crecimiento estable es el que está vinculado al conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, parece razonable pensar que se acuda a acelerar los cambios mediante la formación y las cualificaciones profesionales.

Por estas razones, entre los objetivos inmediatos de la citada hoja de ruta se enumeran: fomentar la formación continua a lo largo de la vida, el trasvase de unas actividades profesionales a otras, y el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. En todo caso, se persigue que los títulos preparen adecuadamente a los estudiantes para los requerimientos de la sociedad de la información y del conocimiento, facilitando e incentivando también la movilidad internacional de estudiantes y trabajadores.

También se afirma que la movilidad de estudiantes y trabajadores es fundamental para mejorar las perspectivas laborales. Por eso, van a elaborar el Marco Nacional de las Cualificaciones con relación al Marco Europeo. De esta forma, los títulos de los estudiantes españoles les permitirán desarrollar su profesión en cualquier país de la Unión Europea. Además, creen necesario potenciar las prácticas profesionales en distintos países a través de los diferentes programas de movilidad, una suerte de Programa Erasmus de la formación profesional.

Entre las actuaciones principales previstas está implantar la Red de Centros de Referencia Nacional con 26 familias profesionales. Dichos centros, que se ubican en las distintas comunidades autónomas, serán punteros cada uno en su área, y promoverán las medidas y los programas de investigación necesarios para atender las necesidades de los sectores emergentes e innovadores.

Paralelamente se extenderá la Red de Centros Integrados de Formación Profesional, que acoge a jóvenes alumnos de FP y a trabajadores en formación para el empleo, lo que permitirá a cada centro mantener elevados estándares de calidad de enseñanza, al mismo tiempo que estará en permanente contacto con la realidad del mercado laboral de su ámbito. También está previsto mejorar las dotaciones de equipamiento y de infraestructuras.

Asimismo, el Gobierno, en colaboración con los interlocutores sociales, agilizará la elaboración de nuevos títulos de formación profesional de grado medio y superior, priorizando los relacionados con los sectores emergentes e innovadores de la economía. Se impulsará también el proceso de elaboración de las cualificaciones profesionales y los correspondientes certificados de profesionalidad.

Hemos de confiar en que el Gobierno muestre más coherencia, perseverancia y esfuerzo que en épocas pasadas. Llevamos más de diez años, mucho tiempo ya, diseñando un modelo que parece llegar a su final. En lo sucesivo la Administración deberá ser más ágil y veloz, pues en la formación profesional para el empleo el tiempo es una variable fundamental y las respuestas se han de dar rápidamente según evolucionan las necesidades productivas.

Prioridades

Las nuevas prioridades

En la citada hoja de ruta se han diseñado unas prioridades entre las que está conseguir un mayor número de titulados en Formación Profesional de grado medio. Se sabe que nuestro país tiene una tasa de titulados inferior a los países de nuestro entorno (35% frente a 45% de media en la OCDE), a pesar de que sus tasas de empleo son muy elevadas y de que en otros niveles, como la Formación Profesional de grado superior, hemos conseguido superar un retraso histórico. En esta etapa, España ha pasado de tener el 2% de titulados en FP Superior en 1995, al 15% en 2006, lo que supone situarse 6 puntos por encima de la media de la OCDE.

El Gobierno se propone poner en marcha, a lo largo de la legislatura, un sistema de becas y ayudas para que trabajadores de 18 a 24 años que no han obtenido el título de Formación Profesional puedan compaginar su trabajo con las actividades formativas necesarias. En este sentido, se adoptarán las medidas adecuadas para promover los contratos para la formación y contratos a tiempo parcial, con el fin de que puedan completar su formación especialmente los jóvenes de 18 a 24 años que han abandonado el sistema educativo.

También prevé poner en marcha una plataforma virtual que permita realizar a distancia módulos formativos para lograr certificados de profesionalidad o títulos de grado medio y superior de Formación Profesional.

Otra de las medidas encaminadas a incrementar el conocimiento de la formación profesional y, por tanto, el número de estudiantes que optan por estos estudios, será crear un sistema de información y orientación profesional a través de Internet mediante un portal web que dispondrá de las herramientas necesarias para garantizar a la población la mejor elección de sus itinerarios formativos o laborales.

Otra prioridad es aprovechar el talento y la experiencia de los trabajadores. Por eso, para facilitar que los trabajadores sin título oficial puedan beneficiarse de su experiencia, se va a habilitar un sistema de evaluación y acreditación de conocimientos adquiridos mediante la experiencia o vías no formales de formación. Las competencias profesionales así acreditadas podrán convalidarse por módulos de Formación Profesional, lo que permitiría al trabajador conseguir el título o el certificado de Formación Profesional correspondiente cursando los módulos que le falten.

Como antes decíamos, en estos momentos se está a la espera de la publicación en el BOE del Real Decreto que regula el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral.

Por otra parte, también se va a flexibilizar la oferta de formación profesional para el empleo por la vía de mantener convocatorias abiertas que se adapten a las necesidades reales del mercado.

Conclusiones

A modo de conclusiones

En los últimos años hemos asistido a un profundo cambio en el sistema de formación profesional, y particularmente en la formación profesional para el empleo. Ello ha supuesto modificaciones legislativas importantes, la creación de nuevas figuras institucionales tanto en el ámbito estatal (Instituto Nacional de las Cualificaciones) como en las comunidades autónomas mediante la articulación de políticas de formación y empleo, y la puesta en práctica de un modelo de formación vinculado a la cualificación. En definitiva, adecuar nuestra formación y cualificación profesional a los objetivos europeos de Lisboa y a la actualización y el reciclaje permanente en la idea de formación a lo largo de toda la vida.

Esta transformación ha llevado consigo un enorme esfuerzo de las instituciones educativas y laborales en todos los ámbitos (estatal, regional e incluso local), empresas, agentes sociales, entidades de formación y trabajadores para que su desarrollo tenga éxito, y va también a requerir de todos ellos un trabajo permanente y una dedicación generosa en tiempo y recursos de todo tipo, poniendo a prueba su capacidad de impulso, responsabilidad, voluntad política y capacidad de adaptación a la innovación que está implícita en las reformas acometidas hasta ahora.

Nos preocupan dos cosas: en primer lugar, que todo quede en esfuerzos puntuales al albur de la evolución de la crisis y el empleo; y que los recursos humanos y económicos necesarios no se pongan en tiempo y forma adecuados. La formación es cara, y los procesos de acreditación de la experiencia laboral y aprendizajes informales lo serán si cabe aún más. En formación, orientación laboral y acreditación profesional no se puede improvisar y tampoco cabe el númerus clausus. Un sistema público de formación permanente orientado al empleo y la cualificación requiere de su extensión a un número significativo de trabajadores, y significativo se refiere a cientos de miles o millones. Hemos de adecuar todo el sistema para hacerlo realidad. No caben excusas. Las bases están puestas, a falta de algún importante detalle como la norma que regula el reconocimiento de la experiencia laboral todavía pendiente. Pero ahora queda continuar trabajando en su desarrollo y hacer realidad el sueño de que toda persona pueda conseguir y acreditar su cualificación profesional con independencia de las formas de su obtención, así como la garantía de que puede mantener actualizadas dichas capacidades y conocimientos de forma permanente, para lo cual el Estado tendrá que garantizar un sistema coherente, eficaz y bien gestionado.

Pincha aquí para descargar un pdf con un cuadro resumen de los cambios normativos que han supuesto la innovación en la formación para el empleo.