Formacion XXI. Revista de formacion y empleo

Formación XXI.

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Julio 08

Itinerarios de inserción sociolaboral

Por Salvà Mut , Prof. Titular de Pedagogía Laboral. Dpto. de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación. Universitat Illes Balears

El concepto de itinerario de inserción sociolaboral aparece como respuesta a las dificultades para la inserción sociolaboral de las personas y colectivos en exclusión y en riesgo de exclusión. Es una metodología de trabajo que se basa en la individualización, el acompañamiento y la ayuda y el compromiso de las partes. En este artículo se parte de una revisión de los conceptos y políticas que fundamentan el concepto de itinerario de inserción sociolaboral. A continuación se profundiza en dicho concepto y se presentan sus principales aplicaciones y desarrollos.

Inserción sociolaboral

Inserción sociolaboral y colectivos en exclusión y en riesgo de exclusión

La inserción sociolaboral como objeto de actuación y de reflexión surge como respuesta a las elevadas tasas de desempleo y a la precarización del empleo que se dieron desde mediados de los años 70 en los principales países industrializados.

El concepto de inserción sociolaboral se utilizó en un primer momento en referencia a la población joven. Tiene su origen en el informe Schwartz (Schwartz, 1985), que considera la inserción laboral de los jóvenes como parte de un proceso más amplio de transición a la vida adulta que se da en unas condiciones históricas y sociales determinadas.

Posteriormente se ha utilizado de forma más generalizada con relación a los colectivos de jóvenes y adultos en situación de exclusión o de vulnerabilidad social. El uso del concepto inserción sociolaboral deriva de considerar estas situaciones como producto de una doble exclusión o debilidad social y laboral. Con relación a estas dos dimensiones y con su interrelación se diferencian las tres zonas de la cohesión social (Castel, 1995): integración social, vulnerabilidad social y exclusión social.

Imágen: Adaptado de Aguilar, Laparra, Gaviria (1996, 637).

El que un individuo o grupo esté en el área de integración, de vulnerabilidad o de exclusión social depende fundamentalmente de su relación con el empleo y de sus lazos sociales: solidaridad familiar en sentido amplio y sistemas de protección social (Euvrard y otros, 1991, citado en Laparra, Aguilar, Gaviria, 1996, 637). El hecho de que la inestabilidad y la precariedad en el empleo hayan pasado de excepción a norma, junto con el papel central del trabajo (estable y no precario) como elemento de integración social, suponen un incremento de las personas que están fuera de la que podríamos denominar zona o área de la inclusión o de la integración. Estas personas pasan a incrementar la llamada zona de vulnerabilidad, que se caracteriza por la precariedad y la fragilidad tanto con relación al empleo como con los apoyos relacionales (Castel, 1995; García Roca, 1996), y se está convirtiendo en la zona de organización de la cohesión social ascendente en detrimento de la de integración social. Es importante como tal, pero también por su papel intermedio entre la zona de integración y la de exclusión, que incluye las personas más desfavorecidas tanto desde la perspectiva de los ingresos económicos como de los apoyos relacionales y sociales (Castel, 1995, 29).

El concepto de exclusión social es complejo y multidimensional, y hace referencia a la falta de acceso al empleo, a la salud, a la educación, a los sistemas de protección social, al dinero, a las relaciones sociales frente al concepto tradicional de pobreza entendida sólo como insuficiencia de ingresos (Aguilar, Laparra, Gaviria, 1996, 636).

Desde la perspectiva del empleo, los colectivos más afectados por los procesos de exclusión social son (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, 9):

a) Las personas con empleos marginales o irregulares (inestabilidad y escasa remuneración agravada en muchos casos por la dimensión de las familias).

b) Las personas en situación de desempleo de larga duración que no cobran prestación por desempleo.

En ambos casos las personas más afectadas son sobre todo las que presentan mayores déficits formativos.

El análisis nos lleva a concluir que los denominados colectivos en exclusión o en riesgo de exclusión forman un grupo amplio, heterogéneo y creciente de personas que tienen como elemento común presentar una serie de características que dificultan su acceso a un empleo que les permita acceder a los bienes y servicios que hacen posible llevar una vida digna. Las dificultades para encontrar empleo dependen, pues, de la oferta de empleos con las características citadas y de que haya otros sujetos con características que los hagan más deseables (formación, imagen personal, experiencia profesional, etc.) que compitan por los mismos puestos de trabajo. El aumento generalizado del nivel de formación y el incremento progresivo de la brecha formativa y laboral entre las personas que han obtenido buenos resultados en el sistema educativo y las que lo han abandonado de manera prematura, reflejan una fuerte relación entre exclusión y riesgo de exclusión y bajo nivel educativo.

La literatura sobre el tema abunda en los intentos de caracterizar y establecer categorías con relación a las personas con mayores dificultades para acceder al empleo. Una primera clasificación distingue entre las personas cuyas dificultades se deben a discapacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales y las que presentan lo que algunos han venido a denominar discapacidad social. Vidal (1997) se refiere a éstos como un nuevo grupo de excluídos surgido a partir de la crisis del empleo iniciada en los años 70 en los países de la OCDE. Defourny, Favreau y Laville (1997, 19-20) consideran que su especificidad reside en una cierta minusvalía socioprofesional que los sitúa por debajo del «umbral de empleabilidad».

A este análisis hay que añadir el de la situación específica de la población inmigrante. Aunque las condiciones de trabajo son muy variadas, «diversos estudios han puesto de relieve que muchas de estas personas ocupan empleos de baja calidad, trabajos calificables como precarios, penosos y peligrosos». También tienen una tasa de temporalidad más elevada y empleos «que exigen una alta movilidad geográfica, tienen horarios atípicos (?) con mucha más frecuencia que los españoles y sufren una mayor siniestralidad laboral» (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, 234).

Aunque las repercursiones sobre las personas son también heterogéneas, se está dando un aumento de problemas de salud física y mental y de las problemáticas sociales asociadas. Pérez Escoda (1996, 33) señala las siguientes con relación al desempleo de larga duración: pérdida de la identidad personal; pérdida del estatus social y económico; desestructuración temporal; conflictos familiares; deterioro de la salud mental (disminución de la autoconfianza, baja moral, pérdida de la autoestima, pesimismo, ansiedad, fracaso, inseguridad, angustia, indefensión y depresión); riesgo de empeoramiento de la salud física (dolores de cabeza, alteraciones del sueño, cambio de peso, vértigos, mareo...); cambios en los hábitos de conducta (aislamiento social, aumento del consumo de tabaco, alcohol, drogas...); falta de información sobre oportunidades de trabajo y empleo; desfase de las cualificaciones y obsolescencia profesional.

Políticas y estrategias

Políticas y estrategias paa la inserción sociolaboral de los colectivos en exclusión y en riesgo de exclusión.

El discurso de las principales instituciones económicas y políticas sobre las causas de la crisis del empleo (precarización y desempleo) apuntaba como causa fundamental la incapacidad de adaptación al cambio, provocada por la inadecuación de las cualificaciones y la insuficiencia de la formación de los trabajadores:

  • «La aparición de un paro a gran escala en Europa, en Canadá y en Australia, y la proliferación de puestos de trabajo mediocres así como el paro en Estados Unidos tienen, por tanto, una misma y única causa profunda: la incapacidad para adaptarse de forma satisfactoria al cambio. Las cualificaciones en materia de dirección de empresas así como el nivel de estudios y de formación no han sido capaces de progresar con suficiente rapidez para responder a las exigencias de una economía tecnológicamente más avanzada. Las empresas no han intensificado suficientemente la productividad de sus actividades y los trabajadores no han recibido una formación suficiente» (OCDE, 1994, 30).

Aunque la evolución de esta situación ha mostrado la parcialidad de la interpretación, este discurso tuvo y tiene todavía una enorme influencia en las políticas educativas y de empleo. En el ámbito educativo se produce un replanteamiento global de las relaciones entre escuela y trabajo que lleva al alargamiento de la escolaridad obligatoria, a un mayor protagonismo de la formación profesional, a la creación y desarrollo de un ámbito específico de formación para el empleo, a un rol creciente de las formaciones fuera de la escuela con la implicación de un mayor número de actores y a una atención específica a la población joven que ha abandonado la escuela de manera prematura y, en general, a colectivos con bajo nivel educativo.

En el ámbito de las políticas de empleo surgen las políticas activas. Se inician en la década de los setenta en los países del norte de Europa «destinadas a conseguir que aquellos que ya estaban en el mercado, o se encontraban temporalmente en desempleo, pudieran adaptarse de forma ágil a las necesidades del nuevo contexto económico (mediante medidas formativas)» (Pérez, 2006, 83). El uso más generalizado del concepto de políticas activas es en contraposición al de políticas pasivas: las políticas pasivas procuran prestaciones económicas a las personas desempleadas, mientras que las políticas activas tienen como objetivo mejorar su «empleabilidad» dando un papel central a la formación.

El alargamiento de los períodos de desempleo y su cronificación en determinados colectivos condujo a una focalización de las políticas activas de empleo en ellos. Esta situación desencadenó debates de gran calado y cambios en profundidad de los programas asistenciales, en los que las relaciones entre ayudas o prestaciones sociales y empleo pasaron a tener un papel central.

La reforma de los programas asistenciales estuvo influida por el concepto de workfare («obligación» de trabajar para obtener prestaciones) impulsado principalmente desde los Estados Unidos en la época de Ronald Reagan y en Gran Bretaña por Margaret Thatcher. En la década de los 90 se pasó del workfare al welfare for work o welfare to work debido al escaso éxito del workfare y a los cambios en la política estadounidense.

El objetivo del welfare for work o welfare to work es «orientar la asistencia social, el periodo en el que se percibe una prestación, hacia una futura incorporación al mercado de trabajo. Se plantea reforzar los programas de formación y de ayuda a las personas que viven de la asistencia social, limitar el periodo de percepción a dos años y asegurar una oportunidad de empleo público en programas comunitarios a aquellas personas que al cabo de los dos años no hayan conseguido un empleo por sí mismas» (Laparra, Aguilar, Gaviria, 1996, 646).

En el marco de esta concepción se desarrolla, a partir de la década de los noventa, en el contexto de los programas específicos de lucha contra la pobreza y la exclusión y de lucha contra el paro de larga duración, la perspectiva de la inserción por la actividad económica o de inserción por lo económico «cuya finalidad es la inserción de los más desposeídos en el mercado de trabajo» (Abou, sf, 3). Este tipo de medidas evidencian las limitaciones de una perspectiva que pretende favorecer la inserción de los excluidos en el marco de una lógica de mercado, y su novedad reside en la articulación entre lo económico y lo social (implica en muchas ocasiones un tratamiento previo de los problemas personales y sociales y un acompañamiento intenso para el mantenimiento del empleo), y en la introducción de nuevas ideas y métodos de trabajo innovadores. Las acciones derivan principalmente de lo microeconómico y lo microsociológico, y se desarrollan en dos vertientes: primacía de la empresa (mediante la creación de actividades económicas o el esfuerzo de formación y adaptación de los asalariados a las necesidades de la empresa) y articulación con las políticas de desarrollo local (Abou, sf, 6).

A estos conceptos y desarrollos hay que añadir el de making work pay o in work benefits, cuyo objetivo es «favorecer el acceso al empleo elevando el nivel retributivo de los bajos salarios» para conseguir que la inserción laboral sea «una opción atractiva o rentable tanto para los perceptores de rentas mínimas como para las personas inactivas» (Zalakain, 2006, 61-2). Es el resultado de constatar la difícil ubicación en un mercado de trabajo fuertemente dualizado de los colectivos en exclusión y en riesgo de exclusión.

Las políticas se han traducido en un volumen creciente de programas, recursos y proyectos específicos dirigidos de forma exclusiva o prioritaria a los colectivos con mayores dificultades con relación al empleo. Las actuaciones se han realizado en dos perspectivas: sobre la oferta y sobre la demanda. Las primeras se centran en la mejora de la empleabilidad de las personas a través de la formación y la información y orientación para el empleo. Las segundas actúan sobre la demanda de mano de obra mediante la creación de puestos de trabajo, ayudas a la contratación y otras medidas de acción positiva para favorecer el empleo de los colectivos con mayores dificultades.

Hay una tendencia creciente a plantearlas de forma integrada. La experiencia acumulada y la investigación sobre las políticas de formación y empleo han puesto de manifiesto que los mejores resultados se obtienen en las actuaciones que integran diversas estrategias. Uno de los casos más paradigmáticos es el de las medidas de formación que se han mostrado inoperantes cuando se han planteado de forma aislada pero, en cambio, resultan clave cuando se dan de forma integrada con otras estrategias (Abou, sf., PA Cambridge Consultants, 1992; Meager, 1998; Salvá, 1997; Schwartz, 1994). A ello hay que añadir, sobre todo en los casos de colectivos con mayores dificultades, la necesidad de integrar actuaciones y estrategias sociales más amplias. De aquí surge el concepto de itinerario de inserción sociolaboral.

Itinerarios

Itinerarios de inserción sociolaboral: concepto, usos y desarrollos

El itinerario de inserción sociolaboral es una metodología de trabajo que se utiliza en proyectos innovadores en el ámbito de la inserción sociolaboral con personas y colectivos en situación de exclusión y riesgo de exclusión. Se trata, en la mayoría de casos, de proyectos que parten de la iniciativa social, que cuentan con financiación europea y que se desarrollan principalmente a partir de la década de los años 90.

C. Guerrero (2005, 8) habla de los itinerarios de inserción sociolaboral como una estrategia específica de intervención que «permite a la persona en riesgo de exclusión social ocupar un empleo en el mercado de trabajo, facilitando su incorporación al empleo a través de un conjunto de instrumentos y procedimientos técnicos de apoyo ajustados a las necesidades de cada persona. Las características que definen estas acciones son:

  • Diseño individualizado y personalizado.
  • Conectado con salidas formativas y profesionales concretas.
  • Acompañamiento y apoyo de un técnico de inserción.
  • Entrenamiento y formación adecuada.
  • Apoyo técnico y seguimiento según necesidades».

Destaca también el carácter de proceso individualizado, que implica una serie de fases y el uso de recursos y procedimientos diversos.

Entre los esfuerzos de desarrollo conceptual y metodológico de los itinerarios de inserción sociolaboral en España, destacan el de la Fundación Tomillo (Ceniceros, Oteo, 2003) y el de la Fundación Pere Tarrés (2007). Se trata de aportaciones de gran interés para la teoría y la práctica relacionada de los itinerarios de inserción sociolaboral.

De los desarrollos realizados por la Fundación Tomillo, considero de especial interés el hincapié en los aspectos procesuales y de desarrollo personal y en su carácter pedagógico. (Ver PDF)

Con respecto a los requisitos para la realización de itinerarios, destaca la diversidad de duraciones de los itinerarios y las dificultades que ello supone para realizar los recursos, y la necesidad de integrar los recursos y acciones en los que puede participar la persona. Con relación a éstos plantea dos vías: la de los que denomina centros integrados para el empleo, donde se desarrolla de forma integrada una amplia variedad de acciones, y la creación y coordinación de «redes de recursos por zonas geográficas y/o urbanas que favorezcan la integración de todos los recursos existentes en esas zonas, sean procedentes de la Administración pública o de la iniciativa privada» (p. 88-89).

Se establece una tipología de intervención sociolaboral en la que se diferencian tres niveles, que van desde una intervención «más social que laboral», a un segundo nivel donde lo social y lo laboral tienen una importancia similar, y un tercer nivel donde lo central es lo laboral. Y se resaltan como conceptos básicos de la intervención el apoyo, el acompañamiento y la facilitación:

«- Apoyar a las personas en la realización de su propio proyecto de promoción personal y social a través de su acceso al empleo.

- Acompañar a las personas en la construcción de su itinerario con el fin de que elaboren su propio plan de inserción sociolaboral. Para ello necesitamos facilitar todos los recursos posibles que sean provechosos para el desarrollo de ese plan» (p. 101).

En el proyecto de la Fundación Pere Tarrés sobre calidad de acompañamiento a la inserción laboral se definen, a partir del consenso con las entidades participantes, las fases y procesos clave que se utilizan en los proyectos, programas y acciones que funcionan mediante itinerarios. Las fases son las siguientes: acogida, orientación, formación, formación en contexto laboral, intermediación, ocupación y cierre. (Ver PDF)

Además de consensuar las definiciones para cada fase, se establece un sistema global de procesos clave que permite ver de forma gráfica el modelo que se propone.

Reproducido de Fundació Pere Tarrés (2007, 25)

Tal como se refleja en la figura, y coincidiendo con la propuesta de la Fundación Tomillo, el proceso central es el de orientación como acompañamiento a la inserción. A partir de la acogida y, en función de las necesidades de cada persona y de los recursos disponibles, el itinerario, se construye mediante la articulación de las fases más adecuadas en cada situación.

La figura que sigue representa el itinerario integral de inserción sociolaboral para jóvenes que se realiza en el Centro de Formación Ocupacional Jovent (Palma de Mallorca), especializado en la formación y la inserción sociolaboral para jóvenes que han abandonado la escuela de manera prematura. En ella se pueden observar los procesos y los contenidos fundamentales del itinerario.

Itinerario integral de inserción sociolaboral para jóvenes (CFO Jovent) (Ver PDF)

En la normativa española más reciente sobre formación y empleo, el concepto de itinerario aparece ligado a la inserción sociolaboral de los colectivos con mayores dificultades, pero aparece también, por primera vez, como un concepto de utilidad con relación a la población desempleada en general (se habla de itinerario individualizado de inserción laboral para prevenir el desempleo de larga duración) y asociado a la formación de los trabajadores en general (itinerario formativo). (Ver PDF)

La ampliación del uso del concepto de itinerario y su adopción como metodología de actuación por parte de los servicios públicos de empleo y, en su caso, por los servicios sociales, abre nuevas oportunidades y nuevos retos al desarrollo de los itinerarios de inserción sociolaboral.

Con relación a otras prácticas dirigidas a la inserción laboral y sociolaboral que son, sobre todo, de consumo de ofertas, el concepto de itinerario pone al sujeto en el centro. A partir de su situación particular, y mediante un proceso de acompañamiento y ayuda, se construye y acuerda un itinerario que le permitirá ir avanzando en su proceso de inserción sociolaboral.

La construcción de un itinerario no puede entenderse solamente desde la perspectiva de los recursos que puede ofrecer la entidad de acogida. En algunos casos será suficiente, pero en otros los recursos externos serán los más adecuados. La calidad del avance en el proceso de inserción sociolaboral y el paso a una situación de integración (ver figura ap. 1) dependerán, pues, en gran parte, de la calidad de los recursos disponibles para la construcción de los itinerarios y de la capacidad de trabajar en red. En este camino es fundamental la creación de espacios de intercambio y de reflexión que permitan la revisión y mejora continua de los procesos.

La urgente, y confiemos que inminente, implementación de las reformas del sistema de formación y empleo es una buena ocasión para poner los recursos administrativos y financieros al servicio de la innovación y de la mejora en el ámbito de la formación y el empleo de la población en general y de los colectivos en exclusión y en riesgo de exclusión en particular.

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Referencias

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